Con una fuerte condena a la acción represiva del gobierno federal, que los desalojó de las inmediaciones de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública, la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ratificó que las protestas, con mitines y marchas, continuarán en varias entidades del país.

En la Asamblea Nacional Representativa, realizada en las instalaciones de la sección 9, en la Ciudad de México, se acordó que este mismo lunes acudirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a presentar una queja contra las acciones de represión e intimidación del gobierno federal.

Señalaron que el operativo de la Policía Federal para desalojar el plantón magisterial pacífico, primero de la Secretaría de Gobernación y luego de la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico, mediante la amenaza y el uso de la fuerza, representa un grave retroceso y una violación flagrante a los derechos de los maestros a la libertad de expresión y reunión.

En una larga sesión de debates, la dirigencia magisterial dedicó gran parte del tiempo a hacer un balance de sus movilizaciones por los estados. Desde su perspectiva, el movimiento disidente avanza, pese a la políticas de represión e intimidación.

Al cierre de esta edición se discutían algunas acciones a realizar a escala nacional, pero todo apuntaba a que sería ratificado el plan de acción previamente acordado, que incluye una jornada de movilizaciones y protestas para el próximo miércoles.

Junto con estas acciones, el jueves 26 acompañarán en su movilización a los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, a 20 meses de los hechos ocurridos en Iguala, en septiembre de 2014.

Además, y pese a los desalojos de los días pasados, permanecería vigente la convocatoria a una marcha masiva para el próximo viernes 27 en la Ciudad de México.

Durante la asamblea, varios dirigentes, entre ellos Enrique Enríquez Ibarra, de la sección 9 del DF, y Rubén Núñez, de la 22 de Oaxaca, señalaron la necesidad de trabajar más con los padres de familia como aliado del magisterio, pero también tener acercamientos con la organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos para denunciar el clima de hostigamiento, amenazas y acciones represivas de las que es objeto el magisterio disidente y sus integrantes.