Sin desdeñar el logro del movimiento por la diversidad sexual, la iniciativa presidencial para permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo es un juego político en el que el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, puede limpiar su imagen y la Iglesia católica buscará imponer su noción de familia, con el apoyo de legisladores.

Si el problema para aprobar dicha propuesta es la palabra matrimonio, pues que la cambien; la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero e intersexual (Lgbtti) no pretende conferirle carácter sagrado a esas uniones, simplemente queremos ejercer un derecho, señaló Gloria Careaga Pérez, defensora de los derechos humanos.

En entrevista por separado coincidió con Ángel Luna Alfaro, especialista en temas religiosos, en lo positivo de la iniciativa y lo relevante de que venga desde Los Pinos.  

El pasado martes 17, en el Día Nacional contra la Homofobia, el Presidente anunció una propuesta para reformar el artículo cuarto constitucional, el cual establecería que quienes son mayores de 18 años pueden casarse sin importar su preferencia sexual.

Fines reproductivos, el interés de jerarcas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo reconoció como un derecho desde 2015, pero el hecho de que Peña se pronuncie marca una política nacional para eliminar obstáculos en los estados que aún lo impiden, afirmó Careaga Pérez, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex secretaria general de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA, por sus siglas en inglés).

 La Iglesia católica seguirá defendiendo su noción de familia, sobre todo con fines reproductivos, explicó Ángel Luna de El Colegio de Tlaxcala. Y lo hará con el apoyo de grupos políticos afines, como el Partido Acción Nacional (PAN) o el Partido Encuentro Social (PES), este último afín al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

 El académico indicó que el gobierno federal está inmerso en una crisis de derechos humanos, así que lanzar esta propuesta le garantiza una proyección nacional e internacional para limpiar su imagen.

Las titulares de los consejos para prevenir la discriminación a escala nacional, Alexandra Haas, y de la Ciudad de México, Jaqueline L’Hoist, opinaron ayer sobre la injerencia de los representantes de la Iglesia, durante la inaugución una muestra sobre las trabajadoras del hogar.

Deben entender que los derechos no se votan, apuntó L’Hoist, y que no es un tema religioso. Informó que en la CDMX se han realizado más de 6 mil matrimonios igualitarios, y que el divorcio es menor que el de las familias heterosexuales.

Alexandra Haas aseveró que vivimos en un país laico, desde luego hay libertad de expresión y cualquier denominación religiosa tiene el derecho de expresar sus opiniones, pero desde un punto de vista de derechos.