Las carencias y la descomposición de las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno son resultado del olvido que sufrieron durante los ocho años que fijó el Constituyente para la implementación del nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal acusatorio, sostuvo Isabel Maldonado Sánchez, abogada y criminalista con años de experiencia en la dirrección de agrupaciones de protección.

A decir de la también autora del libro La policía en el sistema penal acusatorio, que lleva cuatro ediciones, a los cuerpos de seguridad del país les ha sobrado capacitación, ya que según información de la Secretaría de Gobernación en 2015 y 2016 se asignaron 3 mil 547 millones de pesos del presupuesto federal para adiestrar a agentes.

Sin embargo, Maldonado considera que quienes han hecho mal su trabajo no son los capacitadores de los agentes policiacos, sino los titulares de los órganos de implementación del sistema acusatorio a nivel federal y estatal, entre ellos la titular de la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (órgano administrativo desconcentrado de Gobernación), María de los Ángeles Fromow Rangel, quien según registros de transparencia y acceso a la información pública gubernamental percibe un salario de más de 100 mil pesos mensuales.

Todos los titulares de los órganos de implementación del sistema acusatorio están en esos puestos por favores políticos, pero poco conocen de las necesidades de los operadores de procuración de justicia, no conocen de la labor del policía; por eso hoy no podemos afirmar que nuestras corporaciones estén listas para enfrentar los retos del sistema penal que incluye los llamados juicios orales, aseguró la catedrática del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

La experta resaltó que el error de esos funcionarios es que piensan que con mandar a hacer muchas capacitaciones hasta ahí concluye su estrategia, pero considero que el problema de fondo es que esos órganos de implementación son los que no funcionan, pues no son operativos, porque desconocen la parte de actuar de los agentes, cómo aterrizar lo que señala un protocolo de operación policiaca o cómo aterrizar lo que te ordena la Constitución o el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Libertad a delincuentes, riesgo en nuevos sistema de seguridad

En entrevista con La Jornada, la académica michoacana indicó que uno de los riesgos de no contar con policías bien adiestrados en las nuevas reglas procesales es que si no respetan el debido cuidado a la cadena de custodia de las evidencias recabadas en el lugar de un crimen, o si torturan a los detenidos para obtener una confesión de culpabilidad, el resultado va a ser la libertad de un delincuente y la impunidad.

Así se trate de un carterista o del peor de los secuestradores, el resultado final (si se viola la cadena de costodia o el debido proceso en general) será la libertad del culpable y la impunidad del delito, puntualizó Maldonado.

Para Isabel Maldonado Sánches, quien hoy contiende junto con otros cuatro candidatos por la titularidad de la Comisaría de la Dirección General de la Policía de Morelia, Michoacán, otro tema que debe mejorarse es el de los raquíticos salarios de los policías.

Te diría que los uniformados piden a gritos mejores salarios y menos capacitación, la realidad es que tenemos hoy muy olvidada la parte humana de nuestros policías, (pues) les exigimos mucho, incluso dar su vida por la seguridad ciudadana, pero sin darles prácticamente nada. Eso tiene que cambiar, destacó la abogada michoacana.