De acuerdo con una resolución recientemente aprobada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), se logró saber que el comisionado Óscar Guerra cargó a la tarjeta bancaria empresarial –utilizada sólo para pagos institucionales y viáticos– al menos 94 operaciones de gastos personales en 2015 (aunque el requerimiento era de mayo de 2014 y enero de 2016).

En la resolución se desprende que una vez detectada la irregularidad, se determinó que fuera regresado el monto total del dinero ejercido irregularmente.

Sin embargo, el proceso de resolución implicó casi cinco meses para que el órgano sólo abriera parcialmente la información, pues el particular requería además copia de los pagos bancarios mediante los cuales Guerra acreditara la devolución de los recursos erogados en ese periodo, lo cual fue considerado por el Inai como información confidencial.

La razón, según la resolución elaborada por la comisionada Patricia Kurczyn: “si bien los conceptos de los cargos fueron cubiertos, en un primer momento, por el instituto, lo cierto es que dichos pagos fueron solventados por el comisionado con su patrimonio.

Conocer los conceptos de los gastos generados, que al final son pagados por el servidor público referido en su calidad de particular, daría a conocer información relativa a la administración de su patrimonio y su capacidad económica.

La respuesta del Inai a la solicitud del ejercicio de ese dinero fue parcial no sólo por decretar la confidencialidad de la devolución de los fondos públicos ejercidos irregularmente, sino también porque a lo largo de la sustanciación del recurso –originalmente clasificado por la dirección de administración del Inai y confirmado a medias por el comité de información– se omitió el reporte del gasto entre mayo (cuando fue designado) y julio de 2014. Además de que el expediente que se encuentra en el portal del instituto sólo da cuenta de los gastos en 2015.

Guerra es un comisionado que se ha caracterizado por su postura de abrir la información en temas medulares y polémicos que han dividido al pleno del Inai, como las bitácoras de los vuelos de la Comisión Nacional del Agua en los tiempos de David Korenfeld; el expediente de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o bien la averiguación del caso Tlatlaya.

Óscar Guerra, comisionado del Inai, en imagen de enero del año pasadoFoto María Luisa Severiano

Guerra, ex presidente de InfoDF, también coordinó los trabajos para la construcción de la Plataforma Nacional de Transparencia, entre otros temas.

A lo largo de la sustanciación del recurso se entregó parcialmente la documentación de la cual se desprende la realización de, al menos, 94 operaciones personales cargadas al Inai. Ante el recurso del particular cuestionando, que no comprende la información de todo el periodo requerido, la resolución de Kurczyn justifica:

Se advierte que el sujeto obligado (Inai) no proporcionó toda la información que obra en sus archivos. En este tenor, este instituto no cuenta con elementos que le permitan presumir que el sujeto obligado cuente con mayor información a la ya proporcionada.

Los términos en que fue formulada la solicitud revela un conocimiento del manejo de las finanzas del comisionado, en función de los cuestionamientos hechos, entre ellos: versión pública de los estados de cuenta de la tarjeta American Express empresarial del periodo mencionado; de los pagos de Guerra reponiendo los recursos al Inai; razones por las cuales un comisionado puede ejercer este tipo de operaciones con cargo al instituto; oficios del organismo y del comisionado donde procesa el retorno de los recursos ejercidos; copia de la denuncia ante el órgano de control interno por la utilización de recursos públicos para cubrir gastos personales.

Aunque faltan tres meses por reportar, que no fueron entregados en la respuesta, el resto de las operaciones no son de altos montos: van desde 49 pesos hasta 7 mil 688, según la documentación entregada al particular a lo largo de la sustanciacion del recurso, montos que no justifican, por lo menos en lo erogado en 2015, que se decretase la confidencialidad de la devolución de Guerra.

Del expediente se desprende que los comisionados tienen un monto mensual de 6 mil pesos por concepto de comidas, y 4 mil 175 en el caso de directores generales.