El mecanismo especial de seguimiento para el caso Iguala prevé ‘‘visitas periódicas’’ del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México; ‘‘acceso a toda la información’’ vinculada con la investigación y búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, y atención a las víctimas, así como un ‘‘equipo permanente’’ de la secretaría ejecutiva de dicha comisión trabajando sobre el caso.

Resultado de la audiencia del pasado sábado en Washington, el gobierno mexicano, los padres y madres de familia de los 43 normalistas desaparecidos y la propia CIDH llegaron a un ‘‘primer acuerdo de consenso’’, mismo que deberá ser ratificado la próxima semana tras una serie de consultas.

El documento con las características que deberá tener el mecanismo de seguimiento ‘‘está muy avanzado’’, reveló Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien funge como representante de los padres y madres ante la Comisión Interamericana. ‘‘Sólo faltan algunos detalles; esta semana tendría que estar listo, junto con su vigencia, antes de que termine el mes’’, dijo.

En entrevista a su regreso de Washington precisó que los funcionarios federales todavía harán las últimas consultas al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la canciller Claudia Ruiz Massieu, y la procuradora general de la República, Arely Gómez, vinculadas con varios temas que acordaron mantenerse, por el momento, en reserva.

Sin embargo, Patrón advirtió que dar un paso atrás en este momento por parte del gobierno mexicano ‘‘sería casi una expresión de rompimiento’’ frente a los mecanismos de monitoreo y escrutinio internacional.

De hecho, informó que ya se presentó la primera propuesta de calendario de visitas in loco; serían tres entre los meses de junio y octubre de este año, ya sea por parte del presidente de la CIDH, James Cavallaro, quien también es el relator país para México, o de alguno de los otros comisionados.

‘‘También se acordó que el equipo operativo en apoyo a los comisionados podría llevar a cabo indistintamente visitas de documentación a nuestro país. Ahí no hay ninguna limitación en cuanto a número’’, reveló Patrón.

Destacó que uno de los puntos más importantes es el compromiso expreso del gobierno mexicano de que tendría que dar todo el acceso a la información, que incluye expedientes de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y del orden judicial, así como toda la relacionada con la búsqueda de los estudiantes y la atención a las víctimas.

Para concretar esta primera expresión de acuerdos es necesario, por una parte, que sea llevada y aprobada por el pleno de la CIDH, y por otra, que el gobierno federal haga las últimas consultas.

‘‘Acordamos que la próxima semana sería el tiempo límite para terminar de definir el mecanismo’’, dijo el director del Centro Pro, quien señaló que sería la misma CIDH quien emitiría su resolución y la daría a conocer a las partes.

Sobre la propuesta de que alguno de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sea incluido en este equipo de la CIDH, Mario Patrón señaló que la comisión puede pedir asesoría a quien lo considere oportuno, y esto incluye a los propios expertos. Este tema no está sujeto a negociación, como tampoco la emisión de informes o evaluaciones periódicas sobre el cumplimiento, porque eso forma parte de las facultades que tiene el organismo internacional.

Reveló que la duración (más de siete horas) de la audiencia del sábado se debió a la complejidad de los temas a tratar, a la construcción de los consensos y porque también se trabajó, ahí mismo, en la redacción del documento de consenso.