ue una triple pinza: policiaca, judicial y mediática. Y lo hecho no admite ambages ni atenuantes: se obligó a ciudadanos opuestos a políticas gubernamentales a desalojar plazas públicas y a viajar de retorno a sus lugares de origen, en una medida de calculado autoritarismo absolutamente violatoria de derechos constitucionales.

El golpe sabatino es una muy indicativa regresión histórica que a la vez constituye la inauguración del Nuevo Orden Peñista (#NoPeña) de sexenio avanzado, ya con la fuerza pública como sustituta de diálogos y negociaciones, la amenaza y la conminación como instrumentos políticos y la conversión de disidentes (en este caso, miembros de la CNTE) en enemigos del régimen a los que se aplica sin consideración alguna la fuerza del Estado.

El Nuevo Orden Peñista (#NoPeña) se ha dotado de una legalidad a modo, con una reforma constitucional que le permite obtener la declaratoria de un estado de excepción y con modificaciones estatales como la llamada ley Atenco en el estado de México; ha desactivado a aquellos observadores o coadyuvantes internacionales (el relator de la Organización de Naciones Unidas para casos de tortura y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, como ejemplos) que contradigan la narrativa oficial mentirosa y ahora ha pasado a la vía de los hechos, expulsando de Bucareli (Gobernación) y de la plaza de Santo Domingo (SEP) a profesores en protesta (un día para cada acción) y reivindicando aires diazordacistas, pero en especial la filosofía de los tres ierros o las tres erres que practicaba el prototípico cacique Gonzalo N. Santos (1896-1979), quien aplicaba a sus adversarios alguna de las opciones de su menú represivo, consistente en encierro, destierro o entierro.

El jefe Goliat (Uriel Mendoza López, militar retirado, coordinador del Restablecimiento del Orden Público y comisario jefe de la Policía Federal) hizo saber a profesores en la madrugada de este sábado: algunos de ustedes tienen órdenes de aprehensión, los invitamos a que se retiren pacíficamente y aborden los vehículos que están aquí y tienen el nombre de cada uno de los estados. Les vamos a dar 20 minutos para desalojar, se organicen y suban a los autobuses (...) de lo contrario, nos veremos obligados a utilizar la fuerza. ¿Encierro, o destierro?

El comandante y comisionado de la propia Policía Federal Tereso Beltrán Pineda, ex teniente de caballería (“desertor del Ejército que ha sido sancionado seis veces como servidor público –con multas e inhabilitaciones– y quien reprobó el examen de control de confianza, uno de los mil 600 agentes que no fueron capaces de aprobarlo”, según reportaba el periodista Álvaro Delgado en 2013), llegó al extremo de firmar, a las 3:49 horas, una carta manuscrita para comprometerse a respetar la integridad física y sicológica de todos los contingentes de los estados, sin violentar en ningún momento los derechos humanos ni la letra constitucional, más la obligación de dejar a cada contingente en su estado de origen y la sede en que los compañeros dispongan (este texto y otras menciones, conforme a la nota de Laura Poy y Gustavo Castillo en La Jornada).

La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado de prensa que igualmente es una confesión de autoritarismo sin sustento jurídico: Con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, la Policía Federal conminó a los manifestantes a retirarse y se dispuso de autobuses para trasladarlos a sus lugares de origen. Conminar, según la Real Academia Española, significa amenazar (dar a entender que se quiere hacer algún mal); apremiar con potestad a alguien para que obedezca y, en sentido jurídico, dicho de la autoridad: requerir a alguien el cumplimiento de un mandato, bajo pena o sanción determinadas.

La predisposición amenazante y punitiva del gobierno peñista contra los profesores opuestos a la reforma privatizadora de la educación (RePrEción) se ha manifestado en Durango, amagando y encarcelando a profesores y a padres de familia que apoyan a estos, y en Chiapas (donde el mismo sábado se enfrentaron cientos de maestros con policías federales y estatales), Guerrero, Oaxaca y el estado de México. Además de demandar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronuncie contra esta evidente agresión gubernamental a las libertades ciudadanas, los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se preparan para reanudar movilizaciones y manifestaciones.

Además de las operaciones policiacas con mandos militarizados que ya se han relatado líneas arriba (encapsular, desalojar, desterrar), se mantienen en la cartuchera las presuntas órdenes de aprehensión giradas contra dirigentes y militantes, con un manejo de las amenazas judiciales a discreción de jefes y comandantes. También fue notable la difusión amable de varios medios de comunicación a la insostenible coartada gubernamental de que los profesores habían sido convencidos de que por su propia voluntad dejaran los lugares públicos y regresaran a sus casas.

El nuevo orden peñista ha arrancado, con la vista puesta en la represión a disidentes y en la conservación del poder al costo que sea (por vía priísta o de sus aliados opositores) en las próximas elecciones estatales y la de 2018. La combinación de ingredientes negativos gubernamentales, que en otros países han provocado expresiones sociales fuertes e incluso la caída de funcionarios y presidentes, en México es enfrentada con mano dura, cinismo e impunidad e incluso con la promoción de voces que alientan las medidas represivas como si fueran el inicio de un proceso de recomposición nacional, aplaudiendo que las autoridades al fin se hayan decidido a hacer algo frente a las protestas cuyas causas siguen intocadas.

Y, mientras crece el rechazo de la cúpula católica a la iniciativa de Peña Nieto sobre matrimonios entre personas del mismo sexo (legislar sobre falsos derechos, que no se sostienen desde una base antropológica publicó ayer el semanario norbertista Desde la fe), ¡hasta mañana!

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