La comunidad indígena de San Miguel del Progreso, localizada en la región guerrerense de la Montaña, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que garantice el derecho al territorio a los pueblos indígenas y declare la inconstitucionalidad de la ley minera, y su violación a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esta sería la primera vez que se analizaría la constitucionalidad de dicha legislación.

El próximo 25 de mayo, la primera sala del máximo tribunal del país tiene agendada la discusión sobre el recurso de un amparo interpuesto por la comunidad indígena de lengua me’phaa y representantes del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, sobre dos concesiones mineras otorgadas a dos empresas, que abarcan casi 45 mil hectáreas.

Aunque en febrero de 2014 la comunidad logró una sentencia inédita en la que el juez primero de distrito del estado de Guerrero consideró que habían sido violados sus derechos al haberse entregado sin consulta las concesiones mineras, el gobierno federal impugnó dicha resolución mediante un recurso de revisión.

En conferencia de prensa, líderes agrarios de la comunidad señalaron que ante esta situación, en junio de 2014 se solicitó a la Suprema Corte que atrajera el caso para que fuera analizado, por primera vez, si la ley minera en vigor es compatible con la Constitución y los convenios internacionales ratificados por México. Por unanimidad, en febrero de 2015, la primera sala aceptó revisar el caso.