Al menos 14 gobernadores y congresos locales han informado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) su disposición a analizar la regulación del reconocimiento del matrimonio igualitario, con lo cual se unirían a la Ciudad de México y Coahuila, que ya han modificado sus códigos civiles y/o familiares para permitirlo.

En su recomendación general 23, de noviembre pasado, el organismo nacional puso de manifiesto la necesidad de que se adecue el marco normativo para permitir el acceso al matrimonio de todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación.

Incluso, señaló que las iniciativas de reforma firmadas la víspera por el presidente Enrique Peña Nieto, encaminadas a establecer como derecho humano el matrimonio igualitario y a modificar el Código Civil Federal para que dicha unión se pueda realizar sin discriminación alguna y modernizar el lenguaje de dicho ordenamiento legal, son coincidentes con el posicionamiento que ha expresado la CNDH.

Hasta ahora, los estados que han expresado a la comisión su disposición a analizar el matrimonio igualitario son Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, estado de México, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

La CNDH subrayó que la orientación sexual no puede ser criterio significativo para diferenciar el acceso al disfrute del derecho de protección a la familia –consagrado en la Constitución–, que puede ser el mismo tanto para las parejas del mismo sexo como las heterosexuales.

Destaca que la imposición del deber de procrear o perpetuar la especie como fin del matrimonio contraviene el derecho de autodeterminación de la persona y el libre desarrollo de la personalidad. Sobre este punto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostiene que no existe razón constitucional alguna para que el matrimonio entre personas del mismo sexo no sea reconocido.