Los cacicazgos sindicales y empresariales asentados en el país impulsan y alimentan la corrupción y malos manejos en las juntas de conciliación y arbitraje de los estados de la República, las cuales incumplen con la Ley Federal del Trabajo (LFT). En tanto que la capitalina y la federal respetan sólo parcialmente la normativa instaurada en la última reforma laboral.

Así, las juntas perdieron su función tutelar de los derechos de los trabajadores, y se han caracterizado por su falta de imparcialidad, su dependencia del Poder Ejecutivo federal y los locales; la ineficacia en la impartición de justicia, y por haberse convertido en espacios de simulación, advirtieron centrales obreras e independientes, abogados laboralistas y trabajadores de gremios afectados en juicios.

La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), investigadores y cate­dráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Nueva Central de Trabajadores (NCT) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) coinciden en el diagnóstico: estas instancias son indefendibles. La ANAD puntualizó que las juntas de los 32 estados de la República ocultan información a los trabajadores, no cumplen con la obligación de dar a conocer los nombres de los dirigentes y comités sindicales; ni los contratos colectivos, para favorecer a los sindicatos de protección.

Mientras, la junta federal tiene rezagados como 230 mil juicios, según advirtieron.

En tanto, trabajadores de diversos gremios denunciaron que las juntas están llenas de coyotes, que sólo con dinero caminan los juicios, y que en estas instancias lo que manda es el dinero y el poder los patrones. Hablaron, con sus demandas en la mano, de que en los procesos las empresas hacen lo que quieren en estos tribunales.

Ofrecieron ejemplos: la empresa Teksid, de Monclova, Coahuila, que produce cabezas de motor para la firma automovilística italiana Fiat, por ley le corresponde la junta federal; sin embargo, llevó todos sus asuntos laborales y se arregla en la junta de Monclova, lo que es ilegal, pero se lo permiten.

Algo similar plantean los trabajadores de Gunderson, empresa fabricante de carros de ferrocarril; también le corresponde la junta federal, pero sin importar lo que ordena la normativa, sus conflictos también los llevó al tribunal laboral de Monclova. Lo mismo hace la empresa Pytco. Otras son WSD-Doors, de Hidalgo, que es una empresa metalúrgica, y Servicios Mineros de San Pedro, las cuales son de jurisdicción federal; sin embargo, con la complacencia de las autoridades, logran sacar todos sus conflictos laborales en los estados.

“Las juntas desde hace 20 años se han convertido en algo terrible, con una corrupción y parcialidad en favor de la patronal sin ningún pudor; son indefendibles, señala el abogado Óscar Alzaga. Aclara que la reforma laboral de 2012, según los artículos 364 y 365 bis, obliga a estas instancias a que informen sobre las tomas de nota, pa­drones sindicales, contenido de los contratos, y en ninguna junta de todo el país se cumple esto. Existe un ocultamiento de información que favorece a los caciques patronales y sindicales.

En el mismo sentido, María Xelhuantzi López, catedrática y doctora en ciencia política de la UNAM, en un informe que elaboró para la organización Friedrich Ebert, precisa que los tribunales laborales locales históricamente han sido bastiones de poder y de control de los gobernadores y los grupos regionales de poder económico y político, desde donde se apoya y se promueve a diversas confederaciones sindicales y algunos dirigentes cercanos al poder.

La Unión Nacional de Trabajadores, por su parte, expuso en un pronunciamiento conjunto que el sector obrero ha demandado la desaparición de las juntas, en las que el predominio patronal es brutal y la nula impartición de justicia. El gobierno y los patrones se sirven de ellas.

En tanto, la Nueva Central de Trabajadores indicó que se precisan de tribunales de lo laboral realmente autónomos y no supeditados al poder, y consideró que la propuesta del jefe del Ejecutivo para desaparecerlas no es suficiente, se requieren cambios de fondo al tratamiento de los conflictos laborales.

Incluso el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Isaías González Cuevas, expuso que el coyotismo se comió estos tribunales y que éstos ya cumplieron su ciclo, sobre todo porque se convirtieron en espacios de corrupción y discrecionalidad, donde, por ejemplo, la junta federal tiene unos 230 mil expedientes rezagados.