Ante la cercanía de la elección de la asamblea constituyente de la Ciudad de México, aunada a la ‘‘incapacidad’’ del Instituto Nacional Electoral (INE) de dotar de certeza jurídica a la verificación de las firmas de respaldo a los candidatos independientes, en aras de potenciar el derecho político electoral el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó el registro de 10 aspirantes y que les sean entregadas las prerrogativas correspondientes.

Durante la sesión del tribunal, los magistrados subrayaron que en las diversas resoluciones relacionadas con la verificación de las firmas se detectaron errores en el proceso realizado por el INE.

Asimismo, dijeron, fue evidente que los plazos conferidos a los aspirantes –48 horas para acreditar la validez de miles de firmas– eran absolutamente insuficientes por lo que era preferible favorecer el ejercicio de los derechos político-electorales de los candidatos.

El magistrado Salvador Nava sostuvo: ‘‘No hay certeza de que los aspirantes hayan obtenido el número de firmas requerido, pero tampoco de que no cumplen con ese apoyo. Es un terrible dilema’’. El margen de error fue causado por el tiempo tan estrecho que se fijó desde la reforma y la convocatoria, incluso si el TEPJF se hubiera puesto a verificar esto, dijo.

En su oportunidad, el magistrado presidente, Constancio Carrasco, enfatizó que cuando sólo faltan dos semanas para la elección, mientras ya otros candidatos independientes tienen tiempo haciendo campaña con el apoyo de las prerrogativas y ante la imposibilidad material y jurídica de una nueva revisión de las firmas, es preferible optar por avalar el registro de los 10 aspirantes que impugnaron la decisión del INE.

A su vez, el también magistrado Flavio Galván aseguró: ‘‘Si tomamos en consideración que la autoridad electoral ha tenido que revisar más de un millón de boletas de apoyo ciudadano, el trabajo se vuelve complejo, difícil. Casi podríamos decir que no ha existido certeza jurídica en muchos aspectos’’.

Por su parte, el magistrado Manuel González Oropeza expresó que en la revisión de los recursos se detectaron ‘‘miles de errores subsanados. Hasta 12 mil 500 firmas o registros rechazados fueron reinstalados a la cuenta del candidato. En un balance final, el numero de registros subsanados era mayor al de los faltantes, lo que nos llamó poderosamente la atención’’.

Finalmente, para la magistrada María del Carmen Alanís, el motivo de los errores obedece más bien al diseño de un procedimiento en una elección inédita que obliga a la autoridad a la revisión de millones de firmas en un margen muy estrecho de tiempo.

‘‘Es realmente insuficiente, tanto para la autoridad como para los aspirantes, poder ir a revisar cada uno de los casos de apoyo de algunos –o algunas– de los candidatos’’, concluyó.