A seis meses de que el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Gustavo Cárdenas, ordenara al director general de la Propiedad Rural, Luis Armando Bastarrachea Sosa, que iniciara el deslinde de las cuatro mil 650 hectáreas de terrenos nacionales que ocupa la comunidad de Salaverna, municipio de Mazapil, Zacatecas, el funcionario sigue dando largas a los campesinos, mientras la minera Frisco Tayahua, propiedad de Carlos Slim, presiona a las familias para que abandonen las tierras.

Roberto de la Rosa Dávila, delegado municipal y uno de los jefes de las 30 familias que mantienen una batalla por conservar sus tierras, cultura y costumbres, avasalladas por la empresa minera, explicó que a finales de la década de los 90, del siglo pasado, empezaron a tener problemas con Frisco porque expandió sus actividades.

El constante uso de explosivos, actualmente utiliza 300 kilos en promedio para continuar sus exploraciones, debilitó casas, escuelas y hasta la iglesia de la comunidad. En 2010, nos informaron que ya estaba Nuevo Salaverna y que deberíamos cambiarnos allí. No dieron explicaciones sólo ordenaron, contó.

Desde entonces, refirió, varias familias iniciaron una lucha por conservar lo que tienen, otras aceptaron irse al conjunto habitacional –casas tipo interés social que entregan en comodato– tras las amenazas y presiones. “A quienes nos quedamos primero nos ofrecieron 700 mil pesos –400 mil por nuestras casas y 300 mil de indemnización–, luego nos han amenazado con desalojarnos con la participación del Ejército e incluso llegaron a difundir que hay una falla geológica que pone en riesgo nuestra vida, eso para infundir pánico”.

En resistencia, 30 familias

Las familias en resistencia, abundó, lograron que el subsecretario de la Sedatu los escuchara y, por eso, en el documento (REF11-21D-DGPR-DGARPR-DJA) ordenó actuar a Bastarrachea y al delegado de la institución en Zacatecas, quienes deberían determinar la naturaleza jurídica del asentamiento. Las familias solicitaron a las autoridades la enajenación y deslinde de los terrenos que, afirman, han ocupado desde sus ancestros.

Por ello, en dicho documento, el subsecretario de Sedatu demanda que se expida la constancia de uso de suelo del predio ocupado por las familias y se lleven a cabo los soportes técnicos y legales para que se determine si procede o no la enajenación del predio.

De la Rosa Dávila apuntó que han insistido ante la delegación de Sedatu e incluso ante el gobierno de Zacatecas para que les informen de la situación jurídica de su comunidad, pero siguen en la incertidumbre. Las familias que continuamos viviendo en Salaverna no aceptamos que nos despojen de lo único que tenemos; no nos vamos a salir hasta tener certeza jurídica de nuestras tierras, pues la minera lo que pretende es quedarse con todo. Sabemos que está en riesgo nuestra vida, pero lo que hacen los empresarios con sus artimañas legales y las autoridades con su silencio e indiferencia es atentar en nuestra contra, acotó.