res sentencias distintas y un solo Es- tado verdadero, en un sabadazo judicial muy significativo, ya sin visitas molestas (el GIEI ya ausente) y con múltiples distractores puestos en juego (por ejemplo, el congreso de la Federación Internacional de Futbol Asociación, con su estela de corrupción mafiosa, realizado en México que, con apego a la doctrina del pan y circo, busca la sede del Mundial 2026).

La demolida verdad histórica de Murillo Karam ha sido mágicamente transformada ahora en verdad judicial, mediante sentencias de un juzgado de distrito y de un tribunal unitario, las cuales son inapelables, según informó la agencia Reforma (http://bit.ly/1Xt6SUR). Los normalistas de Ayotzinapa están muertos, conforme a esa letra jurídica, muy probablemente asesinados sumariamente, a unas horas de sus detenciones. El malabar del Poder Judicial de la Federación libra al Estado mexicano del señalamiento de que hubo desaparición forzada y da por buena la especie de que se trató de secuestros y homicidios calificados que cometieron unos particulares (los miembros de Guerreros unidos). La desaparición forzada responsabilizaría a funcionarios públicos o individuos coludidos con ellos. Tal posibilidad se está eliminando, a pesar de que sigue tan vigente y fuerte que oficialmente se sigue buscando a los estudiantes, por considerar que no está probada su muerte, y uno de los segmentos bajo fundada sospecha es el de la Policía Federal, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, y el Ejército.

Cierto es que el rediseño judicial aprobado conlleva un eventual castigo mayor para algunos de los más de cien inculpados por los hechos de Iguala, pues serían más los años a pasar en prisión en caso de ser sentenciados culpables de secuestro (ese argumento lo usa mucho el gobierno federal). Pero, al mismo tiempo, el expediente del caso evidencia graves fallas procesales adjudicables a la Procuraduría General de la República en sus dos administraciones recientes, la de Jesús Murillo Karam y la de Arely Gómez González. La subprocuraduría especializada en asuntos de delincuencia organizada, de la PGR, no acreditó que se hubiera producido un ocultamiento de los jóvenes, y ante la falta de esa condición para tipificar el delito de desaparición forzada, los juzgadores ya ni siquiera revisaron el resto de los alegatos.

El magistrado Carlos Manuel Aponte Sosa, al frente del tribunal unitario con sede en Tamaulipas, dijo en uno de los puntos que la Seido había ofrecido argumentos deficientes. En otro aspecto del proceso, el mismo Aponte aseguró que los argumentos de la PGR eran tan pobres que sólo supliendo sus deficiencias podría analizar el expediente, lo que no haría porque sería ilegal. ¡Perdió la PGR! ¿Perdió?

En Sonora, un juzgado de distrito sentenció a 19 personas a penas que van, en cada particularidad, de 20 a 29 años de cárcel, al pago de multas y a la reparación del daño por el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, en junio de 2009, que provocó la muerte de 49 niños y heridas a unos 70 pequeños. La resolución judicial se ciñe a la narrativa de homicidios por culpa, debido a lo cual los castigos van a responsables operativos específicos y no a altos funcionarios públicos.

Al paso de los años se ha sustentado la posibilidad de que aquel incendio se produjera al extenderse el fuego a la guardería desde un local contiguo, propiedad del gobierno estatal, donde supuestamente se quemaba papelería oficial para desaparecer pruebas de movimientos fraudulentos con dinero público. En ese contexto se ha insistido en la responsabilidad del entonces gobernador Eduardo Bours, hasta ahora intocado. También impune ha quedado Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón Hinojosa, quien ocupaba Los Pinos cuando sucedieron los hechos. El expediente judicial de aquella guardería, sin responsabilidad oficial asignada a su pariente, ha sido constante motivo de críticas a la ahora precandidata presidencial panista. Cerrar el caso en esta fase, aunque probablemente será impugnado en otra instancia por padres de familia, permitirá a Zavala Gómez del Campo referir preguntas y señalamientos a la letra judicial ya anunciada.

A pesar de las contundentes evidencias de que en Tlatlaya, estado de México, 22 presuntos delincuentes fueron ejecutados por militares, la justicia civil ha decretado la libertad plena para los últimos elementos de verde olivo que estaban en prisión (militar). No hubo homicidios, encubrimiento en la modalidad de alteración ni modificación ilícita del vestigio de hecho delictivo. Oficialmente fue un enfrentamiento entre soldados y miembros del crimen organizado, con un saldo absolutamente irregular: todos los supuestos criminales fueron muertos, sin baja mortal alguna del lado castrense. El resolutivo federal fortalece la impunidad y alienta la política de limpieza social que en el país se practica.

La FIFA, arriba mencionada, escogió un foro inmejorable para realizar un congreso mundial con pretensiones de dejar atrás el historial de corrupción que la FBI reveló con detenciones de directivos futboleros y defenestración de algunos de estos: el México de Virgilio Andrade, la Casa Blanca y la corrupción generalizada e institucionalizada (El Tuca Ferreti mostrando una cartera en lo alto a un árbitro en un juego de eliminatorias en Monterrey; The Wall Street Journal publicando una carta anónima que habla del uso del Estadio Azteca como lavandería de dinero recibido por Televisa a cuenta de propaganda política y gubernamental pagada en efectivo). Pero el fondo del asunto es que el peñismo y Televisa buscan organizar un nuevo Mundial de Futbol, el de 2026, en México. O cuando menos entre México, Estados Unidos y Canadá. PRI y circo.

Y, mientras los profesores han vuelto a manifestarse y a plantarse contra la reforma educativa, con demanda de diálogo en Bucareli con Osorio Chong que el secretario Nuño dice que no se dará, ¡hasta mañana!

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