Los casos de extorsión laboral en la Ciudad de México se duplicaron, siendo la industria de la construcción la más afectada, denunció Pablo Franco Hernández, coordinador general de asuntos colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

Con una técnica de guerrillero, como dicen ellos, y con el uso de siglas de centrales obreras como la CTM (Confederación de Trabajadores de México) o CROC (Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos), estos grupos acuden a las construcciones a vender protección, a cambio de no emplazar a huelga la obra y/o detenerla.

El temor o consejo de sus abogados ha provocado que 90 por ciento de los casos no se denuncien y estos grupos ya no se preocupen por presentar un emplazamiento o demanda de titularidad, y lo hagan a valor mexicano, sin un documento que lo sustente, argumentó.

Hoy, comentó, se avientan la puntada de utilizar en sus membretes el logotipo de la JLCA, de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo o de una delegación, con lo que espantan a las empresas y éstas acceden a entregarles cantidades de dinero.

El funcionario explicó en entrevista que este año los casos de extorsiones pasaron de tres a seis a la semana, por la gran actividad de la industria de la construcción, sobre todo en la zona de Santa Fe, así como en obras del Instituto de Vivienda, la ampliación de la Ciudad Deportiva y hasta del nuevo aeropuerto en Texcoco.

Se trata, dijo, de los mismos grupos identificados, pero se están desdoblando, utilizando siglas de centrales sindicales que después se deslindan, para vender protección a una empresa, que prefiere estar con ellos que tener un sindicato en forma, comentó.

Hace una semana se logró la detención de algunos individuos, quienes enfrentan ya un proceso por el delito de extorsión, gracias a que el afectado denunció el caso y arribó la fuerza pública, pero son pocos quienes se atreven a hacerlo, reconoció.

La JLCA firmó un convenio con la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública locales para dar garantías a las empresas y detener los casos de extorsión, con el argumento de un emplazamiento a huelga o impedir que sigan los trabajos de construcción.

Destacó que una vez que ingresa la denuncia, se certifica de inmediato la existencia del emplazamiento e informa si procede, pues, en caso contrario, se pide la intervención de la fuerza pública para que los agarre en flagrancia y se solicita al afectado que denuncie.

Todos los casos presentados ante la junta han sido desactivados, pero muchos de los abogados de las empresas u obras aconsejan a sus dueños ceder a las pretensiones de estos grupos, que van de 30 mil pesos, en un negocio pequeño, hasta cantidades mayores a quienes desarrollan nuevas viviendas, lo cual buscamos parar, afirmó Pablo Franco.