Representantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el activista Gustavo Castro, abogados y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia demandaron la participación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes para que se esclarezca el asesinato de Berta Cáceres y el atentado contra el mexicano en aquel país.

En conferencia de prensa en instalaciones de Amnistía Internacional México, consideraron indignante que se mantenga la investigación en secreto.

Gustavo Castro manifestó que hay muchísimas irregularidades en ello, por lo cual decidió constituirse en acusación privada en Honduras para tener participación, como víctima activa, de las indagatorias para dar con la verdad.

Berta Zúñiga señaló que no confían en la transparencia de la investigación sobre el asesinato de su madre y consideró inaudito que los excluyan de la misma.

Seguimos expresando que hay escasez de pruebas en la acusación del Ministerio Público, por tanto, tememos que este crimen vaya a quedar impune. Rei-teramos nuestra preocupación de que no se está agotando la autoría intelectual de este crimen.

Castro señaló que no ha sido requerido por las autoridades hondureñas para más diligencias, mientras su abogado Eddie Tabora resaltó que las autoridades judiciales de aquel país no les han informado nada sobre el curso de la investigación del atentado que sufrió su representado.

Estaré en disposición de apoyar al gobierno de Honduras en las diligencias, desde mi país, señaló el mexicano, quien se mostró seguro de que hay una amplia gama de responsables en los hechos.

Es por ello y la decisión gubernamental de mantener en secreto la investigación que solicitamos, añadió, la intervención de un grupo de expertos, lo que el gobierno de Honduras tendría que solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Víctor Fernández, abogado de la familia Cáceres, manifestó que mantener en secreto la investigación es una decisión política del gobierno hondureño, que está cuestionado por sus vinculaciones al mismo crimen. Apuntó que las empresas trasnacionales tienen montada una estructura de muerte que afecta al pueblo indígena lenca.

En un pronunciamiento conjunto, los activistas y abogados condenaron la falta de exhaustividad en las investigaciones. No se conocen acciones o diligencias importantes para determinar a la totalidad de los autores intelectuales, ya sean otros miembros del Ejército, las responsabilidades institucionales de este cuerpo ni la de los directivos o grupos económicos que conforman la empresa Desa.

Exigieron que a partir de todos los indicios presentados sobre la participación de la empresa Desa en el crimen, ésta se retire inmediatamente del Río Gualcarque y asuma sus responsabilidades. Lo mismo deberán hacer todas las entidades financieras involucradas.