vidos por conseguir dinero fácil, sin pensar en las consecuencias nefastas –en términos de las necesidades de su población o de daño irreparable al medio ambiente– que pueden tener proyectos ideados para satisfacer urgencias de otros países, los jefes de Estado de las repúblicas de la antigua Unión Soviética se comportan como dueños de valiosos recursos naturales que no son suyos y deberían servir para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Así lo confirmaron el jueves anterior los mandatarios de Kirguistán y Tayikistán al poner en marcha el proyecto CASA-1000 (siglas en inglés de Central Asia-South Asia, mil megavatios), impulsado por Estados Unidos y financiado por varios bancos, entre ellos el Banco Mundial, para suministrar, vía Afganistán, hasta 1300 megavatios anuales de energía eléctrica a la región de Peshawar, en Pakistán.

Comenzó ya la construcción de la línea de alta tensión que unirá los sistemas de energía eléctrica de Kirguistán y Tayikistán, para después continuar hasta su destino en Pakistán, un total de 750 kilómetros, incluidas zonas de riesgo en Afganistán.

Detrás del gran negocio la realidad no es muy luminosa porque, cuando hace 10 años se empezó a hablar del proyecto, tanto Kirguistán como Tayikistán tenían en mente construir dos hidroeléctricas en Kambarata y Rogun, detenidas por la abierta oposición de sus vecinos, y ahora –dado que la energía eléctrica, generada a partir de sus ríos, no se puede acumular– sufren severa escasez de electricidad en otoño e invierno.

En otras palabras, para cumplir los compromisos externos tendrían que aplicar mayores restricciones para sus connacionales (hay poblados que tienen sólo dos horas diarias de luz en esas épocas del año) o limitarse a que las líneas de transmisión funcionen sólo de mayo a septiembre, lo cual no cubre la demanda de Pakistán. Ya se resolverá el dilema dentro de unos años, cuando esté construida la línea de alta tensión, pero es de suponer que los mandatarios difícilmente renunciarán a lo que consideran una nada despreciable fuente de ingresos.

No sólo los presidentes, también altos funcionarios, como hizo hace días el ministro de Agricultura, Aleksandr Tkachov, promueven proyectos perniciosos que auguran dinero fácil. Para medir las reacciones en la sociedad lanzó la idea de que habría que aprovechar los ríos de la región siberiana de Altai y, mediante canales desde Kazajstán, ofrecer a buen precio a China 70 millones de metros cúbicos de agua al año.

Los ecologistas confían en que el gobierno de Rusia rechace la iniciativa del ministro, cuya reputación quedó en entredicho desde que se supo que su padre es dueño de uno de los principales consorcios del sector agropecuario.

En el periodo soviético la idea de desviar ríos desde Rusia para llevar agua a Asia central dañó la ecología de varias regiones y el experimento, calificado por las autoridades de grave error, se canceló por representar más calamidades que beneficios.