n una entrevista con la agencia de noticias Reuters, el director de Finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Pablo Newman, afirmó que la empresa productiva del Estado está dispuesta a minimizar y diluir su participación en las seis refinerías que posee, siempre y cuando logre concretar alianzas con socios que no sólo inviertan recursos, sino que operen las plantas.

A renglón seguido, el funcionario señaló que la petrolera busca vender activos no estratégicos, como parte de un programa de ajustes y recortes de gastos e inversiones. Según puede verse, para la actual dirigencia de Pemex el proceso de refinación –uno de los que agrega más valor en la industria petrolera, en la medida en que permite la conversión del crudo en combustible— es visto como no estratégico.

La medida se inscribe en los innegables problemas financieros que enfrenta la empresa. Debe recordarse que en abril pasado el gobierno federal anunció un rescate financiero de Pemex, a fin de solucionar el déficit de liquidez de esa empresa, por un total de 123 mil 500 millones de pesos. Ese rescate, sin embargo, es inconsistente con una política corporativa que busca retraer a Pemex de los filones más redituables de la industria petrolera, como la refinación.

En efecto, mientras el discurso oficial presenta el constante adelgazamiento de la petrolera como efecto exclusivamente de fenómenos externos (caída en los precios internacionales del petróleo desde finales de 2014 o la depreciación del peso frente al dólar), las directrices de las autoridades de Pemex parecieran orientadas a llevar a la petrolera a la irrelevancia.

En realidad, la crisis de la empresa proviene de un esquema nocivo con el cual se le retiró el monopolio de la exploración, explotación y distribución de hidrocarburos, pero se dejó intacto el régimen fiscal lesivo y excepcional que le impide competir en condiciones de igualdad con petroleras nacionales y extranjeras. Basta señalar que durante 2015 los impuestos, derechos y aprovechamientos supusieron 400.7 por ciento de su rendimiento de operación, un incremento catastrófico respecto del 121.2 por ciento registrado en 2014.

La situación descrita y los planes de la dirección de Pemex hacia el futuro no hacen sino desmentir las publicitadas bondades de la reforma energética, entre las cuales presuntamente se encontrarían el fortalecimiento y modernización a la ahora llamada empresa productiva del Estado. Lo cierto es que, pese a todas las modificaciones emprendidas por la actual administración federal, no se han aplicado los cambios necesarios para robustecerla, que tendrían que pasar necesariamente por la modificación sustancial de los términos en que opera, comenzando por su régimen fiscal y la sangría de personal.