Buenos Aires.

En una escalada de acusaciones el juez federal Claudio Bonadío dictó este viernes el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ex ministro de Economía Axel Kicillof acusando a la ex mandataria del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública, en el tema de la venta de dólar a futuro, decisión del banco central, el cual tiene autonomía del Poder Ejecutivo.

Asimismo ordenó un embargo de bienes por 15 millones de pesos. La medida resulta extraña porque el juez está siendo investigado por el mismo tema junto con el actual presidente del banco central, Federico Sturzenegger.

En el caso de Fernández, Bonadío deduce que “es evidente que la entonces presidenta de la nación impartió instrucciones –sin duda fueron elaboradas de manera conjunta– a su ministro de Economía para que la operación financiera se llevara a cabo, procediendo éste, a su vez, a impartir directivas a los funcionarios del banco central”.

En el laberinto de una judicialización de la política y en el marco de la causa de la venta de dólar a futuro, el fiscal Jorge di Lello solicitó este viernes ampliar la investigación sobre varios funcionarios del gobierno y empresas vinculadas con el actual presidente, Mauricio Macri. Entre éstos figuran el director del banco central, Pablo Curat; el subjefe de Gabinete, Mario Quintana, José Torello, y jefe de asesores de la Presidencia y amigo de Mauricio Macri. También a las firmas Caputo, de Nicolás Caputo, amigo del mandatario, y Chery Socma SA, empresa de la familia Macri.

Estas imputaciones surgen de una denuncia presentada por varios diputados kirchneristas después de una investigación periodística que reveló con pruebas fehacientes que una lista de funcionarios del actual gobierno habían comprado el dólar a futuro y ganaron millones de dólares, beneficiándose por la devaluación dispuesta en los primeros días del gobierno de Macri.

Los denunciantes sostienen que tanto Bonadío como Sturtznegger son responsables de los delitos que atribuyen a la ex mandataria.

Por su parte, el fiscal federal Carlos Beraldi denunció que Quintana –actual secretario de la Coordinación Ministerial– habría sido uno de los funcionarios que intervinieron en la decisión del precio de referencia, con el cual se cancelarían los contratos y el evidente beneficio de la devaluación del peso, lo que les permitió ganar tres o cuatro veces más.

El 13 de abril pasado la ex mandataria se presentó a la indagatoria de Bonadío en tribunales, dejando un escrito en el que acusó al magistrado de hacer un uso abusivo del poder y denunció al gobierno nacional por llevar adelante una maniobra tendiente a detenerla con ayuda del Poder Judicial.

Este viernes el diputado del Frente para la Victoria e hijo de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández denunció una nueva imputación del fiscal Carlos Rívolo contra su madre, él y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López por cohecho en la causa conocida como Los Sauces (un hotel). Afirmó que se trata de una persecución orquestada por el gobierno, algunos medios y el partido judicial.