La contraloría interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició procedimientos de responsabilidad administrativa contra 15 funcionarios y ex funcionarios del Canal Judicial acusados de acoso laboral y/o sexual, indebida utilización de recursos públicos e introducción y consumo de bebidas alcohólicas, entre otras faltas.

Trascendió que entre quienes serán citados a declarar están el ex director del canal, Enrique Rodríguez Martínez, y tres de sus ex colaboradores, quienes, al igual que él, fueron despedidos en marzo pasado, días después de que se hicieron públicas las denuncias ante la contraloría.

Acusan más de 20 trabajadores

Funcionarios consultados explicaron que después de que más de 20 trabajadores del Canal Judicial presentaron quejas y testificaron, la contraloría abrió una segunda etapa en la indagatoria para que los acusados tengan oportunidad de defenderse y aportar las pruebas que consideren.

El ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, señaló ayer en un comunicado que, respetando el derecho de las partes, las investigaciones pueden llevar a la imposición de sanciones administrativas, y se comprometió a que habrá nula tolerancia de su administración hacia acciones que impidan o limiten un ambiente sano, de desarrollo integral y con apego a los derechos de los trabajadores del máximo tribunal.

En un comunicado, Aguilar aseguró que se dará a conocer el resultado de los procedimientos, con debida transparencia y en un ejercicio pleno de rendición de cuentas.

Además del director del Canal Judicial, fueron señalados Francisco Barradas, Alberto Villa Dávalos y Marco Antonio Silva.

A partir de su salida, la contraloría interna hizo una revisión integral de las instalaciones y el equipo material del canal, como computadoras y cámaras de televisión, además de que se revisaron contratos suscritos con casas productoras.

En consecuencia –confirmaron fuentes judiciales–, en un escritorio de la redacción del canal se encontró cocaína, lo que derivó en una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República.

También se descubrió que una computadora de la redacción cotidianamente se bajaba pornografía, lo que dio lugar a la sanción administrativa del empleado que utilizaba el equipo, quien, luego de ser separado seis meses de su puesto sin goce de sueldo, interpuso un recurso de revisión, el cual fue confirmado ayer por la segunda sala, con el voto en contra de Margarita Luna Ramos; la ministra argumentó que no había elementos para sancionar.

En el contexto de la indagatoria, más de 20 empleados del canal acudieron a la contraloría, lo que robusteció la investigación, señalaron funcionarios, quienes agregaron que los acusados tendrán oportunidad de desvirtuar los señalamientos en su contra y que después el expediente será turnado a un ministro para que elabore el proyecto de resolución respectivo, el cual será discutido en sesión privada del pleno de la SCJN.