Para la Procuraduría General de Justicia Militar, Clara Gómez González, madre de Ericka, quien murió junto con otros 21 civiles a manos de soldados en Tlatlaya, estado de México, no es considerada ‘‘víctima’’.

La negativa de reconocerla y de entregarle copia de la causa penal 38/2014 –seguida en el fuero de guerra en contra de quienes participaron en los hechos– motivó que un juez de amparo ordenara al juez castrense que reconociera a la mujer como víctima, que le entregara copias del expediente y declinara competencia en el asunto en favor de un juez civil.

Sin embargo, el juez sexto militar, con sede en el Campo Militar Número Uno, respondió que era imposible cumplir con la decisión del juzgador federal, porque ya había emitido sentencia.

Ante ello, un tribunal colegiado envió el asunto a la Suprema Corte; ayer, la primera sala evitó pronunciarse y regresó el expediente al tribunal de origen.

Clara Gómez declaró que había llegado a Tlatlaya buscando a su hija y vio cómo llegaron los militares y dispararon primero contra el grupo armado que estaba en la bodega. Agregó que una vez que el resto se rindió, y con la promesa de los militares que no les harían nada, los soldados interrogaron a uno por uno frente a la bodega y después los metieron al inmueble y se escucharon disparos. Afirmó que ella no pudo hacer nada porque era custodiada por militares.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fueron asesinados entre 12 y 15 jóvenes. Desde entonces, Clara demandó que Ericka fuera incluida entre las víctimas ejecutadas y que se castigara a los responsables.

El 31 de marzo de 2015, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que el juez sexto militar absolvió a seis de los siete soldados; el séptimo fue condenado a un año de prisión por el delito de desobediencia, el cual, por cierto, ya había compurgado.

Sin embargo, llama la atención que la solicitud que hizo la madre de Erika al juez militar fue hecha el 14 de enero de ese año y un día después el juzgador castrense emitió un acuerdo en el que negaba la solicitud ad cautelam de reconocimiento de carácter de víctima y expedición de la causa penal 338/2014.

La quejosa interpuso un recurso de amparo y el juez federal dejó sin efecto dicho acuerdo, ordenó que se reconociera como víctima a la madre de la joven y que el juez militar declinara competencia en el asunto, lo cual, hasta la fecha, sigue sin cumplirse.