a oficina del alcalde de Nueva York publicó recientemente, diciembre de 2015, un interesante estudio sobre la carga económica adicional que viven las mujeres a lo largo de su vida. Es un análisis sobre bienes de consumo, cuya única distinción es su presentación para el sector femenino.

El artículo intitulado De la carriola al bastón. El costo de ser un consumidor femenino estima que las mujeres neoyorquinas pagan en promedio 7 por ciento adicional por los mismos bienes que consumen los varones y hasta 15 por ciento extra en productos para adultos mayores, como soportes lumbares y bastones. En el extremo de los ejemplos están los pañales para adultos, pues las mujeres pagan 74 por ciento adicional por el mismo producto.

La diferencia de precios, dicen los autores, no es significativa si se analiza el valor concreto de un solo artículo, pero al acumularse las compras se observa una segmentación de precios por género que discrimina a las consumidoras en términos económicos, de igualdad y de justicia distributiva.

El análisis está planteado por la vía del consumo, pero prevalece, en mi opinión, un doble efecto de marginación: por los costos de la mercancía dirigida al sector femenino y por el ingreso de las mujeres trabajadoras.

Otro artículo publicado por el influyente diario The Guardian señala que las mujeres del Reino Unido ganan a lo largo de su vida profesional 300 mil libras esterlinas menos que sus pares, más o menos 7 millones 500 mil pesos de diferencia.

En términos nacionales, el informe 2016 del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana (Puebla) concluye que en México las mujeres ganan hasta 16 por ciento menos que los hombres por idénticos trabajo y horario, entre otras razones porque las empresas descuentan por anticipado el monto que deberán pagar con motivo del embarazo de sus trabajadoras.

La discriminación por la vía de precios y del ingreso de la que somos objeto las mujeres resalta en los estudios, no obstante que en los dos primeros hablamos de países altamente industrializados donde la calidad de vida nos supera.

Los economistas dirían que se trata de la ley de la oferta y la demanda, y que las mujeres están dispuestas a pagar más por los mismos bienes o que están igualmente decididas a emplearse con un nivel salarial menor que los hombres, lo cual fija naturalmente la estructura del mercado o de los salarios.

En contraste, para el derecho y la política es un tema mucho más complejo que rebasa el campo de la economía. Los denominados efectos naturales del mercado de bienes de consumo y del ingreso no aplican cuando se trata de derechos como la igualdad y la justicia social que debe operar en idénticas circunstancias para todas las personas.

Las cifras de la disparidad económica y la de-sigualdad social entre mujeres y hombres en México es un tema no resuelto. Los estudios son precarios y los resultados son más ofensivos y discriminatorios de lo que acontece en otras economías y democracias, donde se ha hecho un gran trabajo desde las cortes y los parlamentos para abatir el problema.

Pero retomemos algunos elementos que nos permitan distinguir la complejidad del tema para un posterior diseño de políticas públicas. En 1995, el Senado de California expidió una ley que prohíbe el impuesto de género, en la que básicamente se establecen medidas para erradicar los diferenciales de precios entre los bienes de consumo equiparables para mujeres y hombres.

En la exposición de motivos se estima que las mujeres californianas pagan anualmente mil 351 dólares adicionales por los mismos bienes que sus pares. La medida pretende la disminución del impacto negativo en nuestros bolsillos.

Si ejemplos como estos son insuficientes, ¿qué se requiere entonces para superar la desigualdad y la violencia económica de género en términos de precios y de ingreso?

En materia de precios al consumidor no basta con leyes como en el caso de California, sino que es indispensable sancionar administrativamente las prácticas discriminadoras.

En cuanto a la estructura de ingresos, las empresas deben contar con políticas claras sobre contratación y salarios del personal. Tan simple como a trabajo igual, salario igual.

En materia de generación de datos para la posterior toma de decisiones, es indispensable que instituciones como Inegi, Profeco, Conapred, Coneval, Inmujeres y el Seguro Social, entre otras, aporten información fidedigna para identificar la disparidad del consumo y del ingreso entre géneros, a efecto de articular las políticas redistributivas con visión de igualdad.

En cuanto al quehacer jurisdiccional, es obligatorio aplicar la perspectiva de género en la búsqueda de la igualdad, pues más allá de lo formal debemos atender lo material y estructural.

En suma, la construcción de una sociedad igualitaria es la ruta impostergable para evitar la discriminación y la violencia de género. Sin embargo, es imprescindible y urgente pasar del discurso a la acción. Y usted, ¿está dispuesto?

*Magistrada federal y académica universitaria