Moscú.

El apellido Trump aparece ligado a 32 sociedades anónimas creadas por Mossack Fonseca en varias jurisdicciones, incluido el Trump Ocean Club, proyecto inmobiliario insignia del aspirante presidencial republicano Donald Trump, revelaron documentos publicados en Internet que fueron revisados por Prensa Latina. Las filtraciones de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca publicadas en Internet por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revelan que la sociedad Trump Ocean Club 5002 Inc fue inscrita el 20 de junio de 2006 en Panamá, y disuelta el 16 de julio de 2014.

En el caso Trump, el descubrimiento fue revelado este miércoles en Panamá por el diario local La Estrella, que hizo la salvedad de que “las sociedades offshore no son ilegales, pero su función, según países como Francia y Estados Unidos, a menudo es ocultar el origen y los dueños del dinero para evadir impuestos, han reiterado expertos”.

El diario agregó: Curiosamente, tras la revelación del escándalo de Mossack Fonseca & Co., los analistas del proceso electoral presidencial estadunidense aseguraban que Trump recibiría el apoyo de los grupos sociales que creen que para desmantelar el mundo de las élites hace falta alguien que las conozca desde dentro.

La revisión hecha por Pl de los documentos revelados por ICIJ pudo comprobar que al menos 32 sociedades anónimas incluyen el apellido Trump en sus nombres y, además de las dos mencionadas, existen otras dos asentadas en Panamá, dos en Seúl, pero en su mayoría fueron creadas en Islas Vírgenes Británicas, Samoa, Hong Kong, Singapur, Seychelles y Estados Unidos, la última en el domicilio de la Trump Tower, en Manhattan. El grupo legal trasnacional Mossack Fonseca rechazó en un comunicado la publicación de la base de datos robada de sus oficinas y anunció acciones legales contra ICIJ.

Además de haber sido obtenida de forma ilícita, la base de datos está cargada de errores y lleva a conclusiones erradas entre personas, compañías e intermediarios, señaló el documento, el cual evalúa la revelación como un ataque irresponsable a empresas prestigiosas y legales, que causa daños a clientes y a terceras personas.

El uso de información privada robada es un delito en todos los estados en los que tenemos presencia, aseguró el bufete legal, que alerta como las publicaciones generadas a partir de este robo de información se han plagado de especulaciones y han causado la diseminación de datos fuera de contexto.

La campaña de Putin, ineficaz

En La Paz, Bolivia, el presidente Evo Morales expresó su deseo de que los capitales evadidos retornen al país para beneficio del pueblo, al referirse al escándalo de Los Papeles de Panamá, en el cual están involucrados varios empresarios y políticos de la oposición. Dinero mal habido, sin impuesto pagado, quiero que vuelva para el pueblo, escribió Morales en su cuenta de Twitter @evoespueblo.

Al menos 95 firmas, 18 clientes, ocho beneficiarios y 35 accionistas bolivianos están incluidos en Los papeles de Panamá por haber recurrido a paraísos fiscales, al parecer para evadir al fisco.

En la lista aparecen políticos que fueron parte del entorno del ex presidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) y del ex candidato presidencial Samuel Doria Medina; así como directivos y accionistas del diario Página Siete. Bolivia anunció una investigación a fondo de todos los que tengan empresas offshore (creadas en paraísos fiscales).

Los miles de nombres rusos en una lista de empresas en el extranjero indican que la campaña del presidente Vladimir Putin para reprimir esas entidades es ineficaz, dicen expertos, y ponen de relieve que enviar riquezas al extranjero es uno de los pocos recursos para impedir que caigan en manos de funcionarios corruptos.

Los datos muestran que miles de rusos –no sólo magnates sino también dueños de empresas medianas– utilizan compañías en el extranjero. La cifra récord de 151 mil 100 millones de dólares en capitales se fugó de Rusia en 2014, cuando las sanciones provocaron pánico. En 2015 salieron 57 mil millones de dólares.

En Luxemburgo, la justicia anunció que publicará su decisión en el juicio a los informantes del caso LuxLeaks. Se pidieron 18 meses de prisión contra dos ex empleados de PricewaterhouseCoopers (PwC) que entregaron miles de documentos confidenciales sobre las prácticas fiscales de la multinacional en el Gran Ducado a un periodista francés y que fueron publicados por ICIJ.