l revuelo generado por el anuncio de un acuerdo político-electoral entre grupos magisteriales de Oaxaca y Andrés Manuel López Obrador para impulsar la campaña electoral de Morena en esa entidad, desató la voz de alarma entre la élite política gubernamental y los grupos empresariales que han apoyado la imposición y exigido la aplicación de la reforma educativa, privilegiando las acciones de represión, persecución y el despido laboral de miles de profesores opositores a la medida. El primero en poner el grito en el cielo fue el propio secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien durante una conferencia con los socios empresariales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México advirtió que aun cuando la reforma marchaba a buen paso y estaba respaldada en la ley, no estaba garantizada su permanencia durante los siguientes años, ya que un precandidato presidencial ha planteado abiertamente que si gana la echará abajo; por supuesto, se refería a López Obrador, sin mencionarlo por su nombre.

El acuerdo de Oaxaca finalmente se concretó a finales de marzo y fue signado por el presidente nacional de Morena y los profesores que, a título personal, determinaron participar al lado de ese partido –en el que varios maestros han sido postulados al Congreso local– en el proceso electoral para elegir diputados, presidentes municipales y gobernador. El denominado Acuerdo para la transformación de la Educación de Oaxaca señala que de triunfar Morena, el futuro gobierno local asumirá el compromiso de derogar la reforma en la entidad; expedir una nueva ley estatal de educación, sustentada en el Plan para la Transformación de la educación de Oaxaca (PTEO), elaborado por el magisterio democrático de esa entidad; la creación de una nueva Secretaría de Educación Pública Estatal, cuyo titular será propuesto por los docentes, y poner fin a la represión al magisterio oaxaqueño, entre otras cuestiones.

La decisión política de los maestros de Oaxaca ha conjurado el retorno del manoseado espectro del peligro para México como pretexto para defender la desprestigiada y declinante reforma educativa. Sin embargo, y pese a la campaña de Nuño y sus reiteradas declaraciones alarmistas y condenatorias relativas a la determinación política adoptada por profesores de esa entidad sureña en varios estados del país (Zacatecas, Tlaxcala y Durango, entre otros), grupos docentes y bases del magisterio disidente opositor a la reforma educativa han arribado también a acuerdos políticos con la dirección de Morena, similares al convenido en Oaxaca.

Esta nueva estrategia adoptada por segmentos magisteriales que han luchado en contra de la medida educativa y planteado su abrogación, así como de toda la secuela de las acciones de persecución laboral sobre su desempeño docente, trasciende y va más allá de las múltiples y persistentes formas de movilización desplegadas por la resistencia magisterial durante todos estos años, y en modo alguno resulta intrascendente o desdeñable.

Este primer paso quizá pueda proyectarse nacionalmente a corto o mediano plazos y lograr la confluencia y aglutinar a un espectro más amplio de movimientos sociales independientes que se propongan entrar a la disputa del poder político y construir un amplio frente político-social que disponga de la fuerza necesaria para desmontar las reformas regresivas impulsadas por el gobierno y los consorcios monopólicos nacionales y extranjeros, atentatorias de los derechos sociales y el patrimonio común de los mexicanos; en primer término, la abrogación de la reforma educativa. Un proyecto que no se reduzca al ámbito de la negociación electoral o la obtención de cargos o puestos dentro del espacio estatal, ni subsuma al movimiento magisterial dentro de una organización política partidaria o erosione la independencia y autonomía de su movimiento; en todo caso, un proyecto formado en torno a una agenda y al compromiso de llevar a cabo cambios sociales profundos que reviertan el deterioro de las condiciones de injusticia, pobreza y exclusión que padece la mayoría de la población mexicana.

La fuerza y dinámica del movimiento magisterial pueden constituirse en el referente articulador de muchas otras resistencias y luchas sociales. La derogación de la actual reforma educativa sería una cuestión ineludible que debería incluirse en primer término dentro del programa de un gobierno surgido de una alianza político social y popular. Quizá resulte aleccionador reconocer y valorar las experiencias, participación e incidencia de los movimientos sociales independientes en la transformación política de otros países de América Latina.

Sin embargo, nadie puede garantizar a los maestros que éste sea el único camino seguro para derrotar la reforma educativa. Bien sabe el magisterio que el fraude y el robo electoral son prácticas permanentes dentro del sistema político de nuestro país. A partir de su larga trayectoria y experiencia políticas, el magisterio democrático independiente seguramente sabrá definir si este camino puede ser viable o si existe otra alternativa política posible a corto plazo.

Los caminos y senderos de la lucha magisterial sólo pueden ser determinados y caminados por los propios maestros.