ace 13 meses era nombrado el procurador que habría de sustituir a Murillo Karam. Era apenas el principio de la tormenta de Ayotzinapa. Resultó ser una dama, la licenciada Arely Gómez. Su nombramiento suscitó dos reacciones: una lisonjera, por ser una dama dedicada, afable, apreciada. La otra, por conocer a la PGR, fue el escepticismo.
Gran parte de su desempeño profesional lo realizó en la SCJN en temas administrativos, más un paso por la PGR, seguido de un tiempo en el Tribunal Federal Electoral y tres años en el Senado. Como se advierte, no acredita ninguna experiencia en temas de justicia penal, ni en dirigir grandes y complejas estructuras o controlar delicados operativos en pro de la persecución del delito.
Entonces, ¿cuáles fueron los elementos de juicio del Presidente para otorgar ese nombramiento en medio de la crisis que defenestró a un hombre sagaz, rudo y experimentado como Murillo? La lógica de este nivel de toma de decisiones suele ser que se comente con ciertos colaboradores en búsqueda leal de opiniones o simplemente para que se sientan considerados. En este supuesto, ¿el nombramiento se habrá comentado con el propio Murillo, tal vez con Osorio Chong?
En un año, la PGR, si eso aún fuera posible, entró en picada en materia de ineficiencia, corrupción e impunidad. Se soltaron los frágiles controles que la rudeza de Murillo lograba o simulaba. La ida a pique fue tan obvia como su desaparición tácita en funciones que la Constitución encomienda a ella y a nadie más. La Policía Federal, la Marina y el Ejército cubren supletoriamente tales tareas, que no son de su competencia, causándose los enredos que observamos. Eso se fue advirtiendo públicamente y hubo razón cuando se planteaba con entera lógica: ¿la desaparición de la PGR es producto de una extraña decisión presidencial? Si alguien aún cree que la justicia no es una dependencia del poder central, sencillamente no conoce a su país.
El año en que la licenciada Gómez ha dirigido la procuración de justicia federal coincidió con hechos no imaginados al momento de su nombramiento. Se han dado terribles episodios de sangre, el ostentoso uso de armamento de altas características y arrogantes retos del crimen a la autoridad, como la aún no explicada fuga de El Chapo; delitos cuya persecución correspondía a la procuración de justicia federal con sus ministerios públicos, peritos y policía.
La descomposición de las artes de la indagatoria alrededor del insólito caso de Ayotzinapa ha llegado a un extremo que tiene al gobierno de Peña Nieto haciéndose merecidamente un sitio en la historia más negra del país. La imagen del país en el exterior es fatal. Cada día se descubren actos aberrantes en los procesos averiguatorios y sorprenden las obcecaciones presidenciales para enfrentarse a organismos internacionales y concitar la amarga crítica de acreditadísimos medios de prensa extranjeros. ¡La picada ahora es de Enrique Peña!
Si todo eso fuera poco, ya de manera sublime, un alto funcionario de la propia PGR, el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, impuesto y apoyado desde Los Pinos, efectúa un acto insólito que derrumba todo vestigio de imperio de la ley: adulterar la averiguación sobre el drama de Ayotzinapa.
Esto es, estamos viendo a un miembro del más alto nivel en la PGR falseando elementos de la averiguación, la que se debiera integrar con plena solvencia ética, jurídica y técnica, y con ello induce temerariamente la desviación de la justicia. El presunto delito de Zerón no es algo aislado, la averiguación entera está viciada, debe ser investigada integralmente por una comisión de la verdad. El gobierno, no es confiable, ¡gravísimo!, estamos a la puerta de qué.
¿Cómo un funcionario tan avezado incurre en tan grave ilícito? Operaría como parte de una respuesta la gran prepotencia que patológicamente afecta a muchos servidores públicos en esa área, prepotencia que es alimentada por la cardinal certidumbre de que son autónomos e impunes. Igualmente operaría como respuesta el descontrol interno de la institución, en este caso de parte de la señora procuradora, quien no se enteró de esas virtudes.
Lo más grave, más determinante aún, que merece la atención alarmada del público, es la consecuente ausencia de juicio ético sobre todo acto de autoridad por no pocos funcionarios de la PGR, que padecen de una perversa habituación a la impunidad, a la corrupción y a la simulación.
Tal vez a la hora de tomar las riendas de la institución, la licenciada Gómez, respetada señora, no lo sabía, no conocía los recovecos sicopatológicos de muchos de sus colaboradores. Tal vez el propio Presidente, a pesar de su experiencia de gobernador, no estaba al tanto. ¿Qué podría explicar el desafortunado nombramiento y sus terribles consecuencias para el país?
