Las campañas de los candidatos a las 12 gubernaturas que se renovarán el próximo 5 de junio siguen sin prender en el ánimo de los votantes, y se han limitado a guerra sucia y uno que otro escándalo, sin propuestas concretas. Mientras, al menos dos órganos locales electorales han sido cuestionados y merodea el fantasma del abstencionismo.

Las entidades empataron sus leyes locales con la federal e incorporaron por primera vez las candidaturas independientes. Los contendientes tienen apenas 60 días de campaña para las gubernaturas y 30 para las alcaldías, lo cual ha limitado sus propuestas a los temas que pueden resultar más candentes para los electores.

De los 12 estados donde habrá cambio del Poder Ejecutivo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobierna nueve, entre ellos Aguascalientes, Chihuahua, Hidalgo, Tamaulipas y Tlaxcala.

En esas entidades, el PRI mantiene de aliados a los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal); además, sumó al Partido del Trabajo (PT) en Aguascalientes y Chihuahua.

En Aguascalientes las campañas se iniciaron el 3 de abril y han pasado un tanto inadvertidas. La batalla por la gubernatura se centra entre el panista Martín Orozco Sandoval y la priísta Lorena Martínez Rodríguez. Los dos fueron alcaldes de la capital del estado, el primero de 2005 a 2007 y la segunda de 2011 a 2013.

La principal propuesta de Martínez Rodríguez, oriunda de Zacatecas, es crear el Aguascalientes Valley (en alusión a Silicon Valley) y cambiar la manufactura por la mentefactura.

A su vez, el jalisciense Orozco Sandoval propone mejorar los salarios con el impuesto sobre la renta recaudado a las empresas.

La mala imagen del Presidente de la República es utilizada por el PAN para calificar a Lorena Martínez de candidata de Enrique Peña Nieto; el PRI, a su vez, responde que Orozco Sandoval es el candidato del ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat, a pesar de que en la elección de 2010 el entonces mandatario estatal no apoyó a su correligionario, pues dijo ser amigo del aspirante priísta, Carlos Lozano de la Torre, y declaró en varias ocasiones que deseaba entregarle la estafeta, lo que ocurrió. (Reynoso Femat fue expulsado del PAN ese año, pero en 2011 le fueron devueltos sus derechos partidistas por la autoridad electoral).

En Chihuahua, el reto de los contendientes es romper con el abstencionismo de 60 por ciento registrado en comicios pasados.

Javier Corral Jurado, del PAN, y el independiente José Luis Barraza coinciden en que Chihuahua es uno de los estados con más corrupción y proponen una fiscalía especial, con independencia y total autonomía para garantizar el castigo a quienes desvían recursos o se enriquecen con negocios al amparo del poder.

El priísta Enrique Serrano concreta su propuesta a crear una mesa estatal anticorrupción que acompañe a la fiscalía creada hace dos semanas por el Congreso local, como parte de la Fiscalía General, vinculada al Poder Ejecutivo.

Otro punto controversial es la deuda pública, que supera 42 mil millones de pesos, incluidos los pasivos directos e indirectos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Corral y Barraza se han manifestado por investigar el destino de los créditos contratados por la administración de Duarte Jáquez y restructurarlos. Actualmente el costo financiero supera mil 500 millones de pesos anuales.

El resto de los candidatos, incluido el priísta Enrique Serrano, están a favor de la restructuración.

En Hidalgo, donde también se renovarán 30 diputaciones locales y 84 alcaldías, la credibilidad del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Estatal Electoral (IEE) ha sido puesta en duda por las dirigencias de PAN y PRD, debido a su presunta parcialidad para ayudar al PRI.

El secretario general del PAN, Juan Alejandro Enríquez Pérez, recordó que el 7 de marzo pidió a la Unidad de Fiscalización del INE revisar si el candidato priísta a la gubernatura, Omar Fayad Meneses, excedió el límite de gastos de campaña en su toma de protesta, a la que acudieron más de 10 mil personas.

A pesar de que el acto fue publicitado por el PRI en medios de comunicación locales e Internet, la respuesta fue que no tenían ningún registro de ese evento y que no se realizó, según el oficio INE/UTF/DA-L/6105/I/16 fechado el 23 de marzo. Es obvio que el INE está solapando un delito electoral, agregó Enríquez Pérez.

La Unidad de Fiscalización del INE también se ha negado a auditar los gastos de Omar Fayad, a pesar de que es su obligación hacerlo de oficio.

El 22 de abril, una hora antes de que se iniciaran las campañas por las 84 alcaldías, el Consejo General del IEE, presidido por la consejera Guillermina Vázquez Benítez, determinó anular 41 de las 78 planillas registradas por el PAN y 18 del PRD por supuesta falta de documentos y violación del principio de equidad de género.

Asimismo se negó al PAN el registro de otros cuatro aspirantes a presidentes municipales luego de que el IEE perdió los expedientes. El instituto anuló también una planilla a Morena y cuatro al PT.

Los descartados de PAN y PRD interpusieron ante tribunales electorales juicios de protección de sus derechos políticos, que están por resolverse.

José Guadarrama Márquez, candidato del PRD a la gubernatura, acusó al IEE de pretender ganarnos en la mesa al anular a ese partido 18 planillas. Ramón Flores, dirigente estatal, exigió al INE atraer la elección, ya que no es imparcial.

Los otros candidatos a la gubernatura son Omar Fayad Meneses, del PRI; Francisco Xavier Berganza, del PAN, y Salvador Torres Cisneros, de Morena.

Restablecer la seguridad, promover el empleo, fortalecer la educación e incrementar la productividad son las principales propuestas de los ocho candidatos a la gubernatura de Tamaulipas. Los contendientes, entre ellos Baltazar Hinojosa Ochoa, del PRI, y Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN, han prometido también restablecer la paz y el desarrollo, así como crear nuevas policías y refundar los órganos de justicia.

En Tlaxcala, ocho candidatos se disputan más de 850 mil votos, pero sus campañas se han caracterizado por el trasiego de militantes. Por única ocasión, la gubernatura será de cuatro años y ocho meses.

Desde el inicio, el priísta Marco Antonio Mena Rodríguez sumó a ediles del PAN, liderazgos y ex dirigentes del PRD y algunos militantes de PT y MC. Lorena Cuéllar Cisneros, del PRD, se ha allegado ex funcionarios de la pasada administración estatal panista, ex legisladores locales y federales del blanquiazul, así como algunos militantes del PRI y otros partidos.

Adriana Dávila Fernández, del PAN, presentó a la ex diputada federal priísta Guadalupe Sánchez Santiago, hija del extinto gobernador Emilio Sánchez Piedras, quien a cambio obtuvo la primera posición de la lista de candidatos a diputados plurinominales del PAN.

(Claudio Bañuelos, Miroslava Breach, Juan R. Montoya y Martín Sánchez, corresponsales, y Juan L. Cruz / La Jornada de Oriente)