Entre acusaciones mutuas sobre la responsabilidad de que no se hubieran aprobado las leyes secundarias en materia de anticorrupción, que se convirtieron en semanas recientes en la manzana de la discordia y en motivo de confrontación entre las fuerzas políticas, el Senado de la República estaba por cerrar el periodo de sesiones esta madrugada.

No se logró el consenso en torno a la legislación anticorrupción, lo que impidió también que se aprobara la reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad, que buscaba establecer el mando único policiaco.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, había aún posibilidades de que se aprobara la iniciativa presidencial encaminada a liberar el uso de la mariguana con fines terapéuticos, con algunos cambios, entre ellos disminuir el límite de 28 gramos de cannabis propuesto por el Ejecutivo como la cantidad permitida para portar de consumo personal.

El coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón, cabildeó fuerte todo el día y parte de la noche para lograr que se aprobara esta iniciativa. Logró el aval del PRD, pero los panistas insistieron en que de no salir la reglamentación del Sistema Nacional Anticorrupción, tampoco saldrían las propuestas del Ejecutivo federal en este periodo de sesiones que concluye el sábado.

Por la mañana los panistas sostuvieron una reunión a puerta cerrada en la que la mayoría se manifestó en contra de avalar la iniciativa de Peña Nieto. El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, fue cuestionado duramente por haber ofrecido un día antes su voto al bloque PRI-PVEM para sacar la propuesta del Ejecutivo ¿Estás al servicio del gobierno?, le preguntó el senador Ernesto Ruffo.

Al final de la acalorado discusión, la mayoría se mantuvo en su negativa. Sólo siete panistas se pronunciaron en favor de la reforma de Peña Nieto, entre ellos Jorge Luis Preciado, quien públicamente dijo que su voto sería para liberar el uso de la mariguana con fines médicos.

Sin embargo, el senador Gamboa Patrón presionó fuerte para que se citara a reunión a la Comisión de Salud –que preside el panista Salvador López Brito–, pero al mismo tiempo presentó el proyecto de dictamen de PRI y PVEM en torno a las leyes anticorrupción, elaborada conjuntamente con las organizaciones ciudadanas que antes trabajaron estrechamente con PRD y PAN en una propuesta distinta.

Ese documento, que tuvieron a cargo el priísta Raúl Cervantes, experto en derecho constitucional, y el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, tensó aún más el ambiente.

Las conferencias de prensa se multiplicaron. El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, lamentó que en la propuesta del PRI, se hubiera anulado la llamada ley 3 de 3, iniciativa impulsada por organizaciones ciudadanas, y se hubiera achicado el alcance de las disposiciones constitucionales en la materia.

El perredista detalló que en la parte medular, que es la presentación pública de las declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal de los servidores públicos, se le quitó el carácter obligatorio, para quedar a voluntad de los funcionarios. “Se eliminó la reglamentación sobre el tráfico de influencias, sobre los moches, las recompensas, le quitaron dientes a la Auditoría Superior de la Federación”.

Más tarde, acompañado de su bancada y de Pablo Escudero, el coordinador Gamboa anunció que su proyecto de dictamen anticorrupción era avalado por las organizaciones impulsoras de la ley 3 de 3. Hizo público un escrito signado por Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana y representante de las organizaciones sociales invitadas al ejercicio de parlamento abierto en torno al Sistema Nacional Anticorrupción.

Gamboa rechazó que las organizaciones hubieran cambiado de bando a última hora. La sociedad civil no tiene bando, su bando es México, y luego, más allá de discursos, retó a PAN y PRD a que aprueben su propia propuesta. Dijo que él tiene los votos suficientes para aprobar por mayoría tanto las leyes anticorrupción como la liberación de la mariguana, pero no lo haría para no poner en riesgo la gobernabilidad del Congreso.

El coordinador Herrera, acompañado también por parte de su grupo, retó a su vez a Gamboa a llamar a las comisiones respectivas para aprobar las siete leyes anticorrupción, entre ellas la que crea la Fiscalía Anticorrupción y las reformas penales, que el PRI no incluyó en su propuesta. En igual sentido se pronunció el perredista Barbosa.

Al cierre de esta edición, mientras la sesión parecía prolongarse toda la noche, Gamboa confiaba en que se aprobaría con cambios la iniciativa de Peña Nieto sobre la liberación de la mariguana, a cambio de que se cite a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar mando único y leyes anticorrupción.