El respeto al debido proceso en las investigaciones que hizo la Procuraduría General de la República (PGR) en la zona del río San Juan, en Cocula, ‘‘está en entredicho’’, lo que pone en riesgo hallazgos que funcionarios ministeriales, peritos y miembros de la policía hicieron ahí y abre una posibilidad de que algunos implicados en el caso Ayotzinapa puedan quedar en libertad, coincidieron en señalar los abogados Martín Millán, Adrián Franco Guzmán y Felipe Rosales Medina.

Otro tema que pone en riesgo el resultado de las investigaciones relativas a la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es la posibilidad de que alguno de los detenidos por esos hechos haya sido torturado, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en el sentido de que ni el debido proceso se puede violar ni la tortura puede justificarse en aras del combate al crimen organizado.

Millán y Franco expresaron que ‘‘fue un error’’ de Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, haber trasladado al detenido Agustín García Reyes al río San Juan para la realización de una supuesta diligencia sin que hubiera sido acompañado por un abogado defensor.

‘‘Ese simple hecho viola el debido proceso y bajo los efectos de la llamada prueba reflejo, que deriva de la teoría del fruto del árbol envenenado, todas las evidencias que se hayan recabado en ese lugar deben ser declaradas pruebas ilícitamente obtenidas, por lo que debe desestimarse en el juicio contra los probables responsables de la desaparición o secuestro de los estudiantes normalistas’’, añadió Rosales.

Por otra parte, el PAN en la Cámara de Diputados consideró que la ‘‘verdad histórica’’ que sostiene el gobierno federal en torno a la desaparición de los 43 estudiantes viene ‘‘cayéndose a pedazos’’, quedando en duda lo que ocurrió el 26 de septiembre de 2014.

‘‘El gobierno lleva tatuado que no respeta los derechos humanos y la desaparición forzada es pan de todos los días’’, señaló el coordinador de ese partido en San Lázaro, Marko Cortés, quien demandó que Zerón de Lucio sea despedido y se le investigue por falsear información.

La diputada Araceli Damián (Morena), integrante de la comisión legislativa para el caso Iguala, adujo que a Zerón ‘‘hay que hacerlo responsable de la posible utilización de los medios públicos para crear una historia falsa. Ellos cometieron una manipulación de la evidencia’’.

Cristina Díaz (PRI), dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, salió en defensa de Zerón. Dijo que el funcionario ha demostrado fehacientemente que no sembró pruebas. A partir del video que presentó ha demostrado la verdad, agregó la legisladora.