La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió tres acciones de inconstitucionalidad contra la llamada ley Atenco, aprobada por los diputados del estado de México, que rige el uso de la fuerza pública en esa entidad.

El ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán notificó a las Comisiones Nacional y del Estado de México de Derechos Humanos, así como al Congreso mexiquense, que sus respectivas demandas serán resueltas por el máximo tribunal del país.

Por cierto, ésta es la primera vez que los integrantes de una legislatura que aprobó una norma acuden ante la Suprema Corte para que ésta determine si es constitucional, ya que la ley en la materia contempla que sean las minorías parlamentarias las que acudan al máximo tribunal cuando consideren que una norma, aprobada sin su apoyo, es inconstitucional.

Diputados locales se presentaron el 8 de abril pasado a la SCJN para presentar su acción de inconstitucionalidad; posteriormente lo hicieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CDHEM), las cuales argumentan, entre otras cosas, que la norma en realidad, pretende legalizar la represión y blindarse jurídicamente ante los atropellos que prepara contra quien se organice y manifieste pacíficamente en el estado de México.

Además, permite utilizar esposas rígidas y el uso de armas de fuego contra manifestantes.

Por otra parte, la ley no precisa sanción administrativa, civil ni penal contra elementos que cometan excesos en el uso de la fuerza pública, y rompe la cadena de mando, eximiendo así de responsabilidad alguna al gobernador y alcaldes, y delega a los mandos operativos la responsabilidad por los hechos.