on la virtual expulsión del país del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es llevada a una situación de distancia práctica respecto al caso de los 43. Las visitas de seguimiento deberán ser acordadas con el gobierno mexicano (que no desea tener más tratos con esa CIDH ni permitir más visitas de enviados suyos) y la comunicación entre esas partes podría quedar reducida al plano epistolar cibernético (una especie de seguimiento Gmail).

2. Habrá de verse si la CIDH realiza algún ejercicio de imaginación jurídica y política para darle más densidad y efectividad al seguimiento que desea realizar, pues de otra manera los familiares de los 43, los abogados y activistas que los apoyan y las organizaciones solidarias con esa lucha quedarán a la intemperie, sin más protección internacional que la buena voluntad a larga distancia de la citada comisión, y en especial de los integrantes de lo que fue el GIEI en México. Es preocupante la posibilidad de que el gobierno peñista decida actuar judicialmente contra figuras representativas del movimiento de los 43, con la intención de precisar que el caso ya se ha cerrado y debe aplicarse la ley contra quienes se oponen a la verdad histórica que sigue sosteniendo la administración federal.

3. Agotadas las vías de la indagación específica que en el lugar de los hechos realizó el GIEI, a los familiares de los 43 (y a la propia CIDH) les quedan opciones jurídicas a presentar ante instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, aunque esos procesos suelen tardar muchos años, y los promoventes deberán cuidar que sus alegatos tengan la contundencia necesaria para no recibir un revés formal que ayude al gobierno mexicano en su estrategia de apuesta al desgaste y a la desmemoria.

4. Dos fueron los puntos críticos de la relación entre el GIEI y el gobierno mexicano: el basurero de Cocula y el interrogatorio a militares presentes en Iguala. Ambos tópicos resultan fundamentales para construir o rechazar la hipótesis de que el gobierno mexicano conoció en detalle lo que pasaba en aquellas horas trágicas y que luego tejió una red de protección judicial, mediática y política en favor de factores que van más allá de lo regional o lo meramente policiaco. El GIEI trató de descoculizar el curso de la investigación realizada pues, siendo tan importante el tema del basurero y la presunta incineración de los estudiantes allí, no es el único aspecto escandaloso en el catálogo de manipulaciones y aberraciones encontradas. Respecto a los militares, hubo quienes en son de amarga broma interna llegaron a proponerse el obtener su naturalización como mexicanos, para así salvar el impedimento categórico establecido por el general Cienfuegos, de que sus soldados no sostendrían diálogo con extranjeros respecto a este expediente.

5. La obscena campaña de difamación contra el GIEI pretende crear confusión y hartazgo sobre el tema. A la luz del segundo y último informe del GIEI se produjeron expresiones internacionales de respaldo a la tarea de los expertos (de manera destacada la de Hillary Clinton, haya sido ésta con la intención política que haya sido), y en el plano nacional se produjeron algunas columnas y comentarios moderadamente favorables a ese grupo interdisciplinario, pero a fin de cuentas en el ámbito local el poder celebra el retiro del GIEI y la vuelta a la terrífica normalidad.

Y 6. A fin de cuentas, no pasa nada en México. El control mediático y político diluye el impacto de revelaciones documentadas que en otros países provocaría renuncias de funcionarios y consignaciones judiciales. En México se inventó una verdad histórica sobre la desaparición de 43 jóvenes; el jefe de una agencia de investigación criminal (el fabricante Tomás Zerón) realizó una muy sospechosa visita secreta a un río donde al otro día se encontraría una bolsa con restos óseos; el gobierno entregó a los investigadores extranjeros un (quinto) autobús distinto al que ellos pretendían revisar; el tráfico de heroína entre Guerrero y Estados Unidos y la protección de autoridades y funcionarios en ese negocio no fue tomada como fuerte hipótesis oficial de trabajo; los principales declarantes sobre los que se sustentó la verdad histórica fueron torturados después de su detención; el gobierno investigado se niega a mantener condiciones operativas y de seguridad para un nuevo periodo de trabajo del GIEI y, sobre todo, no se sabe qué sucedió con 42 jóvenes que continúan desaparecidos (recuérdese que uno de los normalistas ya fue identificado como muerto). Pero en México no pasa nada (bueno, sí suceden cosas en el País de la Simulación: a la hora de cerrar esta columna se preparaba una conferencia de prensa de la PGR, con la participación del fabulador Tomás Zerón).

Denise Dresser y este tecleador presentarán hoy el libro Verdugos, de Ana Lilia Pérez, a las 19:30 horas en Casa Lamm, con entrada libre. El texto lleva por subtítulo Asesinatos brutales y otras historias secretas de militares. Reportaje y crónica que toma como punto de arranque el asesinato brutal de dos adolescentes centroamericanos, Delmer Alexander y José David, a manos de un militar en el noreste mexicano, Verdugos narra otros episodios de desquiciamiento individual e institucional en ese ámbito castrense, lo que se reproduce en el rosario de atropellos de los comandos en las calles, su cooptación por el crimen, (y en) el uso faccioso que el propio gobierno en turno hace de esas fuerzas armadas. Pregunta Ana Lilia Pérez: ¿Qué lleva a los militares a estallidos de violencia, ira u odio incontenibles? La disciplina militar tiene su propia lógica, una lógica por la que se preparan hombres para utilizar armas y matar. Y, mientras el partido Movimiento Ciudadano trata de explicar lo de la venta del padrón electoral en Amazon con algo más que la coartada clásica del hackeo, ¡hasta mañana!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx