La resolución de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral (INE) que exoneró de toda responsabilidad a Carlos Ferrer, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, dejó sin consecuencia alguna las omisiones en que incurrió en sus funciones, las cuales abrieron la puerta a la millonaria campaña del PVEM. Aun cuando la Contraloría reconoce inconsistencias en su desempeño, los califica de errores que luego enmendó por el tribunal electoral federal.

El PRD responsabilizó a Ferrer de haber actuado con notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de sus funciones o labores en la queja promovida por la difusión de espots de legisladores del PVEM, pues retardó dos meses una notificación que, según el recurso del PRD ante la Contraloría, debió efectuaerse en 48 horas.

Casi todas acciones y omisiones que se le imputan fueron confirmadas por la propia Contraloría General, las conclusiones a que llegan es a su exculpación al amparo de un artículo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a partir de considerarlo sólo como un error manifiesto, aun cuando se trata de acciones claramente equivocadas o desacertadas.

En la resolución del 28 de marzo se da cuenta de la actuación de Ferrer en la queja promovida por el PRD, donde sobresale como parte del error manifiesto que después de admitir la denuncia, en octubre de 2014, se reservó el emplazamiento a las partes en sucesivas ocasiones –acuerdos del 27 y 31 de octubre, 5 y 17 de noviembre– sin base legal.

Aunque la Contraloría reconoce incumplimientos, matiza: “Si bien se incumplieron disposiciones legales y reglamentarias, no se generó, per se, la deficiencia en el servicio y, en el caso, todas las infracciones fueron corregidas por la sala superior o, en su caso, por la sala especializada del TEPJF”.