La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial presentaron en el Senado sendas recomendaciones al gobierno de México para que lleve a cabo una reforma integral al sistema de pensiones. Señalaron que el Poder Legislativo tiene que adoptar medidas prontas al respecto, y emprender a la brevedad la transición del esquema de seguridad social.

En el contexto de un foro por la Semana de la Seguridad Social, que se llevó a cabo en dicha cámara, representantes de esos organismos internacionales sostuvieron que la reforma en la materia “tendría que contemplar el incremento de las aportaciones de los trabajadores de siete –promedio actual– a 20 o 25 por ciento; introducir un sistema prorrata” para que todas las personas, independientemente de dónde hayan cotizado, entren a un nuevo esquema; quitar las pensiones privilegiadas de algunos sectores, y homologar los planes de jubilación de todos los gremios, poniendo un límite máximo para el pago de este derecho.

Pablo Antolín, economista principal de pensiones de la OCDE, y David Kaplan, especialista del BID, advirtieron que de no adoptarse esas medidas las pensiones en el país seguirán siendo raquíticas, no habrá una tasa de remplazo razonable y habrá un colapso del sistema. Podría explotar una bomba social, expresó este último.

El mayor problema del sistema mexicano es la baja contribución de los trabajadores; se tienen que elevar, insistió Antolín.

Al tomar la palabra, el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez Fuentes, expuso que hay diversos retos que enfrentar en el tema de las pensiones. Uno de ellos, continuó, es la edad de retiro de los trabajadores, ya que “60 años parece una edad muy joven, muy temprana, para que alguien se jubile, debido al incremento de la esperanza de vida.

Planteó que actualmente las pensiones están a la mitad de lo deseable y que otros retos a resolver son: incrementar el volumen del ahorro voluntario; permitir la inversión de esos fondos de ahorro en el extranjero y en instrumentos de renta variable para que tengan mayor plusvalía; fomentar mayor competencia entre las Afore, y reducir las comisiones de las administradoras.

El funcionario causó polémica en el foro al sostener que en los casi 20 años de la Consar, no se ha perdido ni un centavo del ahorro de los trabajadores.

El presidente de la Comisión de Seguridad Social de dicha cámara, Fernando Mayans, expuso que hay voluntad de los legisladores para llevar a cabo una reforma, pero no necesariamente en los términos que plantea la OCE. Por su parte, el ex diputado Miguel Alonso Raya, quien moderó la mesa, advirtió que, debido a la actual situación del país, existe el riesgo de que un alto porcentaje de trabajadores no puedan contar con una pensión en el futuro, porque laboran en la economía informal, no alcanzan las semanas de cotización por falta de empleo continuo o bien no alcanzarán la jubilación mínima garantizada por sus bajos salarios.

Los planteamientos de los organismos mundiales fueron cuestionados por el especialista Gustavo Leal, quien expuso que esos representantes no tienen cara para hacer esas recomendaciones, pues no conocen la verdadera situación de los trabajadores mexicanos y el estudio que hizo la OCDE sobre el tema y que pagó el gobierno de nuestro país fue un dinero despediciado.

Por último, el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, Carlos Noriega Curtis, indicó que es mayúsculo el reto del financiamiento futuro de las pensiones y lograr el equilibrio para tener pensiones dignas –sin generar déficit fiscal– y evitar la indigencia futura de los empleados de bajos ingresos.