Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), coadyuvante del Estado mexicano para investigar el caso Ayotzinapa, se reunieron esta tarde con funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

Los especialistas señalaron que los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 requieren, por sobre todas las cosas, saber la verdad del paradero de sus seres queridos, más allá de reparación del daño de tipo economicista.

Hemos venido aquí a hablar de la atención a las víctimas, de todas las tareas que quedan pendientes y de cómo construir una política que realmente responda a sus necesidades y genere confianza, dijo Carlos Beristain, uno de los cinco integrantes del GIEI.

En lo que fue la última reunión con funcionarios de Gobernación, a cuatro días de la conclusión de su trabajo en México, el GIEI conoció características del estudio sicosocial que será aplicado a los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, paso preliminar para definir la atención que habrá de darse a las víctimas. El modelo del estudio fue elaborado por la asociación civil Fundar, dedicada al análisis de políticas públicas.

Ángela Buitrago, también integrante del GIEI, explicó que el mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa lo está definiendo en estos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como una forma de verificar las actividades de las autoridades mexicanas para la búsqueda de los desaparecidos.

Lo que decimos es que, efectivamente, tiene qué seguirse bajo la medida cautelar de la CIDH (emitida desde octubre de 2014), dijo.

Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, explicó que trabajan en conjunto con las secretarías de Desarrollo Social y Salud, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, presentes en el encuentro de este martes en Bucareli.

Analizaron las recomendaciones del GIEI, así como las medidas cautelares dictadas desde 2014 por la CIDH. En materia de atención a víctimas, dijo, son atendibles.