El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, aseguró que aunque cuenta con los votos necesarios para aprobar las leyes secundarias del sistema nacional anticorrupción, entre ellos de algunos legisladores del PAN, ‘‘no habrá albazo’’ y buscará el consenso con las otras fuerzas políticas.

Anunció que en breve presentará un documento que el fin de semana elaboraron conjuntamente PRI y PVEM con las organizaciones sociales que antes habían participado en la discusión con el bloque PAN-PRD.

Ello motivó la respuesta inmediata de panistas y perredistas, quienes le advirtieron que si la propuesta es para achicar la reforma constitucional es mejor que quede pendiente para un periodo extraordinario.

El coordinador panista, Fernando Herrera, rechazó que parte de su bancada vaya a votar con el PRI. ‘‘Quieren reventar el proceso legislativo’’, recalcó, aunque el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth (PAN), declaró que ‘‘comparte’’ la preocupación con un grupo de sus compañeros que ven visos de inconstitucionalidad en la llamada ‘‘ley tres de tres’’.

Igualmente, el coordinador perredista, Miguel Barbosa, lamentó que las organizaciones sociales ‘‘hayan cambiado de bando’’, en referencia a que Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano de la Competitividad, Fundar, la Fundación Espinosa Yglesias y México Evalúa, que elaboraron en un proyecto de dictamen conjunto con PAN y PRD, el fin de semana ‘‘decidieron construir otro documento con el PRI y el PVEM’’.

Sólo que, agregó, ya no acudieron al parlamento abierto, sino trabajaron ‘‘de madrugada’’ para crear ese documento elaborado por el priísta Raúl Cervantes.

Tanto Barbosa como Herrera advirtieron que si el Revolucionario Institucional pretende que se dictamine una propuesta incompleta en materia de corrupción, no podrá hacerlo porque dos de los tres presidentes de las comisiones dictaminadoras, el perredista Alejandro Encinas, de Estudios Legislativos Segunda, y el panista Fernando Yunes, de Justicia, no citarán a reunión.

No hay fractura en el blanquiazul

Gil aclaró que no hay fractura en el PAN y la petición de un grupo de panistas es que se revisen algunos planteamientos de la ‘‘ley 3 de 3’’, que tienen visos de inconstitucionalidad y podría ser impugnada mediante amparos.

Se tienen que revisar, comentó, las intervenciones telefónicas que se proponen para rastrear casos de corrupción, así como la entrega de recompensas a quien denuncie este tipo de conductas, además de la pretensión de que parientes de funcionarios públicos, hasta cuarto grado, tengan la obligación de presentar declaraciones patrimonial y fiscal.