n varias partes del país se vive un desbordamiento de la violencia criminal, con ejemplos recientes en Acapulco o los ya casi institucionalizados en Reynosa y en sitios de la frontera tamaulipeca con Estados Unidos. Los móviles de esa escalada pueden encontrarse en los conflictos internos entre cárteles (se matan entre ellos), o en el teórico enfrentamiento justiciero entre estos y las fuerzas gubernamentales de diversos ámbitos e insignias (el abatimiento de miembros del Crimen Organizado y las siempre ínfimas bajas oficiales reportadas).

Pero también ha de tomarse en cuenta que los jefes y corporaciones supuestamente responsables del combate (o, cuando menos, del control) del negocio del narcotráfico y conexos viven en una rebatiña futurista en busca de mayores ganancias y posicionamientos, con un mando formal, el de Los Pinos, absorto en otros temas (sobre todo el de las negociaciones en materia energética y sus réditos de por vida).

Un caso notable es el de la procuradora federal de justicia, Arely Gómez González, quien parecía en primera instancia destinada a ser la fiscal transexenal del peñismo. Hermana de Leopoldo Gómez, uno de los vicepresidentes de Televisa, y operadora todopoderosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el periodo presidido por el muy conservador ministro Mariano Azuela, Arely dejó una senaduría, a la que había llegado a nombre del PRI peñista, para encargarse de una Procuraduría General de la República cuyos horrores y truculencias, con todo y que Gómez se ha forjado en el sistema político vigente, parecieron rebasarla, mostrándola en varias ocasiones alelada, ineficaz e incluso distante o insuficientemente comprometida con las narrativas o planteamientos oficiales.

En la diaria batalla de las intrigas entre el cortinaje palaciego de Los Pinos, hay movimientos que buscan descarrilar a la procuradora Televisa e instalar como fiscal transexenal a otro personaje. Se habla del senador priísta Raúl Cervantes Andrade, quien prestó notables servicios a la causa peñista al presidir el Senado en sesiones en las que se votaron las reformas estratégicas. En premio, se buscó convertir a Cervantes Andrade en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde Eduardo Medina Mora ya iba señalando el camino de la conversión explícita de ese poder judicial al priísmo. No prosperó tan descarada pretensión, y Cervantes Andrade hubo de regresar al Senado al que había pedido licencia justo a tiempo para alegar un año después, en busca de ir a la SCJN, que estaba libre de tintes partidistas.

Ahora, ante el desenfoque de la procuradora Gómez González (Blanco), el consejero jurídico de la Presidencia de la República (sic), Humberto Castillejos Andrade, busca (nuevamente) colocar a su familiar, el multimencionado Raúl Cervantes Andrade, como posible relevo, con la promesa de una fidelidad eficaz durante nueve años, una especie de guardaespaldas jurídico desde la fiscalía general de la República para el grupo que hoy ejerce el poder. Entre las recientes cuentas negativas para Arely Gómez está la sombría y negativamente sugestiva participación secreta, o cuando menos no registrada en diligencias oficiales, de Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la PGR, en el río San Juan, un día antes de que fueran encontradas bolsas con restos que permitieron apuntalar la tesis de la verdad histórica en la que habría participado decisivamente el mencionado Zerón de Lucio, cuya estancia en el cargo parece estar en grave entredicho.

Otro alto funcionario al que las circunstancias mueven la silla es el general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. A pesar del aparente triunfo interno al impedir que el GIEI se asomara a las instalaciones militares e interrogara directa o indirectamente a miembros del Ejército que supieron, vieron, valoraron y fueron cuando menos omisos ante los graves hechos de Iguala, el saldo internacional es desastroso para ese cuerpo militar y para el jefe formal, Enrique Peña Nieto, quien parece condicionado o supeditado a lo que se decida en tono verde olivo, cada vez más débil el poder civil. Organismos de Naciones Unidas y de los Estados Americanos, así como no gubernamentales de México y otros países, insisten en la importancia de que se cumplan las recomendaciones del GIEI, de manera destacada contar con el testimonio de los soldados presentes en Iguala, con preguntas concretas y contrainterrogatorios.

La Policía Federal también recibió un rudo golpe al difundirse un video de tortura a una mujer en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. Conforme a lo que este mal pensado tecleador ha escuchado y leído en ámbitos cercanos al poder castrense, pareciera que la extraña publicación del mencionado video (que solamente pudo haber sido tomado por alguien perteneciente a alguna de las fuerzas convergentes en la tortura) hubiese encajado en una estrategia de limpieza superficial de imagen, en la que el Ejército se mostraría plenamente dispuesto a reconocer una fechoría de ese tamaño, castigar a los autores materiales, pedir disculpas en público y dejar constancia de que un hecho delictivo así probado y comprobado (con videos internos) sí mueve la maquinaria cuartelaria a justicia. En fuera de lugar quedó la PF, cuyo comisionado, Enrique Galindo Ceballos, juega en el equipo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al que se hace correr oficialmente como puntero en la carrera por la sucesión, aunque en ciertas oficinas cupulares apuestan por el empanizado José Antonio Meade Kuribreña, secretario de desarrollo social para efectos electorales.

En esos jaleos y jaloneos, con la sucesión presidencial ya en desenfreno y un mando formal en picada en cuanto a opinión pública y en cuanto a eficacia operativa, el país parece al garete, con explosiones graves de violencia por todas partes, en el contexto de lo que a estas alturas parece haberse convertido en Crimen Políticamente Desorganizado. ¡Hasta mañana!

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