La remuneración que recibe el conjunto de trabajadores en México representa una cuarta parte del valor de los bienes y servicios producidos en el país en un año. En Estados Unidos y Canadá, los principales socios comerciales, la proporción se eleva hasta 55 por ciento del valor de esas economías. La baja participación de los trabajadores en los dividendos de la economía pone de relieve que el problema de la distribución del ingreso está más relacionado con los privilegios de la élite económica y política que con las habilidades de los asalariados.

La disparidad del ingreso en México no es resultado de que los ricos sean más productivos, sino consecuencia de un sistema político integrado por un reducido grupo de privilegiados económicos y la clase política, apuntó Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics, firma especializada en análisis financiero.

Los trabajadores en México son pagados, en su mayoría, de acuerdo con las habilidades que tienen, tanto físicas como para desempeñar su labor. Mientras tanto, las clases privilegiadas –apuntó Coutiño– reciben ingresos basados en factores como el nivel de educación “y sus amistades con los dueños del capital, así como por las recomendaciones políticas.

Las disparidades en la distribución del ingreso son explicadas generalmente a partir de factores económicos, políticos y sociales. Sin embargo, pueden ser agravadas por acciones del gobierno que promueven privilegios para algunos grupos. La existencia de obstáculos a la libre competencia, incluido un bajo grado de desarrollo, también explican la inequidad. Cuando un país trata de ampliar su apertura económica, pero ésta es acompañada por la concesión de privilegios y el uso del poder, la acumulación de riqueza se concentra en pocas manos. La desigualdad en la distribución del ingreso en México puede ser explicada por todos estos factores, expuso Coutiño, también integrante del Centro de Proyecciones Económicas para México, con sede en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos.

La distribución del ingreso es mejor en las economías con mayor grado de libertad y justa competencia, expuso Coutiño en un estudio que el analista entregó a La Jornada este martes. En sentido inverso, la distribución del ingreso es más desigual en países de menor grado de desarrollo y larga tradición de proteccionismo e intervención gubernamental.

Por ejemplo, cita que en Estados Unidos el conjunto de remuneraciones pagadas a los trabajadores equivale a 55 por ciento del valor de su economía, medido por el producto interno bruto (PIB). Esa proporción es de 50 por ciento en Canadá y de 25 por ciento en México.

La menor participación del salario de los trabajadores mexicanos en la economía, respecto de lo que ocurre en Estados Unidos y Canadá, los otros integrantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ilustra una disparidad en el ingreso que favorece más al capital en el país menos desarrollado.

El ingreso promedio de la décima parte de familias más pobres en México cabe 25 veces en el ingreso promedio del 10 por ciento de las familias más acaudaladas, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para el promedio de las naciones que integran esa agrupación, la relación es de nueve veces.

El problema detrás de la forma en que se distribuye el ingreso en México no es la existencia de una clase capitalista, sino la existencia de privilegios y la forma en que el gobierno asigna los contratos a grupos privados, que son los factores que aceleran la acumulación de riqueza en pocas manos y dejan fuera al resto, expuso Coutiño.

Si la desigualdad en la distribución del ingreso se ha agravado en México en las décadas anteriores, no ha sido por las leyes inherentes del modelo económico, sino más bien a consecuencia de regulaciones inconsistentes y la ausencia de instituciones fuertes que aseguren las mismas oportunidades para todos y la aplicación de las leyes por igual, apuntó.

La redistribución del ingreso, aseguró, no debe ser entendida como la expropiación de riqueza a los más acaudalados, pero sí como la creación de un sistema fuerte que asegure que las reglas son válidas para todos, que promueva la igualdad de oportunidades y garantice el acceso de todas las personas a la justicia.