Juan y Pedro tenían un mes de haber llegado a la Ciudad de México provenientes de Chiapas, cuando los acusaron de robar un cable y unas pinzas. Hablaban tzeltal y tzotzil y entendían un poco el español. Amalia nació en Hidalgo y habla náhuatl, se desempeñaba como empleada doméstica en una casa y la detuvieron porque presuntamente sustrajo unas joyas.

A los tres se les consignó por el delito de robo calificado y después de revisar sus casos se demostró que hubo un indebido proceso, porque ninguno contó con el apoyo de un traductor durante el juicio. Ellos son algunos de los alrededor de 550 indígenas privados de su libertad que se encuentran en reclusorios de la Ciudad México

Evangelina Hernández, directora de Equidad para los Pueblos y Comunidades, de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), explicó que cada 15 días el sistema penitenciario local les entrega una actualización del número de indígenas recluidos, así como el proceso que se les siguió.

En coordinación con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el sistema penitenciario capitalinos, así como con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) revisamos cada expediente para ver si tuvieron un proceso adecuado, si se puede solicitar su liberación mediante el pago de una fianza, caución, multa o reparación, agregó en entrevista.

Precisó que la Sederec sólo puede apoyar en la preliberación de alguien por medio de una fianza hasta de 10 mil pesos. Si hay que pagar, por ejemplo, 30 mil pesos, nosotros ponemos 10 mil y la CDI el resto.

La directora refirió que el robo calificado es el principal delito por el que son detenidos los indígenas, seguido por los delitos sexuales, por un tema de usos y costumbres.

“Nos dicen: ‘en mi pueblo te llevas a la muchachita y te arreglas con el papá’, y para ellos puede ser normal, pero el problema es que aquí es un delito”, detalló Hernández, y aseguró que en la Ciudad de México todavía hay papás que aceptan una dote, o como le llamen, por su hija.

A Juan y a Pedro el juez les impuso pagar 80 pesos como reparación del daño, pero como no tenían para cubrirlos, cuando su caso fue analizado por la Sederec ya llevaban un año y ocho meses en prisión. Para Amalia la fianza fue por 30 mil pesos.

Y está en revisión el caso de José, acusado de haber robado 89 pesos y de violación, por lo que fue sentenciado a 14 años, de los cuales ha purgado siete. En ese tiempo pagó el dinero y la versión de violación pasó a toqueteo y después a nada.