Los programas gubernamentales para resolver los conflictos agrarios quedaron rebasados, no cumplen con la situación real y con megaproyectos; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) está jugando un papel de gendarmería y de simple interlocutor con los campesinos, asentaron agrupaciones del Movimiento El Campo es de Todos.

Pusieron en tela de juicio la afirmación que realizó la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, en torno al fin del rezago agrario, con la entrega de 53 mil expedientes. Esta administración no ha destinado presupuesto para resolver los problemas de campesinos. En Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí prevalecen los conflictos porque las autoridades no han concluido los deslindes ni han entregado carpetas básicas, apuntaron.

Francisco Jiménez Pablo, integrante del Frente Indígena y Campesino de México (Ficam), comentó que la agrupación tiene 70 problemas en Oaxaca, Veracruz, Puebla, Chiapas, Guerrero y San Luis Potosí, los cuales surgieron hace 30 y 60 años.

En Ixtapan La Joya, Chiapas, cinco campesinos de la tercera edad estuvieron en prisión. Desde su juventud empezaron a luchar por la regularización de 300 hectáreas y aunque han demostrado que tienen 35 años en posesión de los terrenos, la autoridad favoreció a un particular.

En la región de la mazateca, Oaxaca, los ejidos carecen de certificados de derechos agrarios o parcelarios; en comunidades de la zona del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, los problemas con más de 45 años por sobreposición de tierras siguen sin resolverse; campesinos de Perote y Altotonga, Veracruz, que tienen entre media y hasta cinco hectáreas, carecen de documentos que avalen su propiedad. Son sólo algunos de los diversos conflictos ante los cuales la Sedatu expone que está haciendo un diagnóstico y un programa de ordenamiento, dijo.

José Dolores López Barrios, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos -JDL, comentó que los ejidatarios de Liquidámbar disputan 300 hectáreas; Jititotol, 800 hectáreas; Pantepec, mil 400 hectáreas; además exigen la legalización de una dotación de 900 hectáreas en San Juan Chamula, todos los casos en Chiapas. Son algunos de los ejemplos de los problemas en la entidad; el conflicto es que con la reforma energética, los campesinos ya no disputarán la tierra entre ellos, sino a las mineras y otras grandes empresas. Esos megaproyectos son la estocada para muchos ejidos.

La Central Campesina Independiente también expuso que tiene diversos conflictos agrarios en Veracruz y Oaxaca, principalmente. Son casos con más de 40 años y cada gobierno promete resolverlos.

Jorge López Negrete, encargado de la Subprocuraduría General de la Procuraduría Agraria, dijo que la institución tiene 180 asuntos de trascendencia, los cuales tienen más de 40 años de existencia en cartera, “jurídicos, de límites y de falta de ejecución, entre otros.

No podemos decir que vamos a resolverlos todos porque no tenemos una varita mágica, pero vamos reduciendo los conflictos agrarios en los estados, aseguró.

Ejemplificó con los casos de La Palma, Michoacán, y el de Casas Grandes, Chihuahua, éste con 100 años de existencia. No hay un desbordamiento de los asuntos agrarios porque se está atendiendo a los campesinos, acotó.