n junio de 2012, el presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva conocida como DACA para suspender los procesos de deportación de personas que hubieran llegado a Estados Unidos en forma indocumentada con 16 años de edad o menos y que en ese momento no hubieran cumplido 31 años. La orden ejecutiva del presidente permitió que más de un millón de jóvenes indocumentados permanecieran en el país sin el peligro de ser deportados.

Dos años más tarde, ante la negativa del Congreso a realizar una reforma migratoria, el presidente emitió una nueva orden ejecutiva, DAPA, para también suspender los procesos de deportación de cuando menos otros 4 millones de indocumentados cuyos hijos fueran residentes permanentes o hubieran nacido en Estados Unidos.

No pasó mucho tiempo antes de que el gobernador de Texas interpusiera una demanda legal para anular dichas órdenes ejecutivas. Al recurso se sumaron rápidamente otros 25 estados cuyos gobernadores pertenecían al Partido Republicano, no podía ser de otra manera. De inmediato, un juez federal de ese estado emitió una sentencia anulando las órdenes del presidente. A fin de cuentas, el litigio llegó a la Suprema Corte, que la semana pasada escuchó los argumentos de ambas partes. Se espera que en junio próximo la Corte emita un fallo que puede ser definitivo.

Uno de los miembros más conservadores de esa institución murió recientemente, por lo que la Corte quedó dividida entre cuatro jueces conservadores y cuatro liberales. Se especula que el voto decisivo sobre este asunto pudiera también dividirse y quedar empatada la votación. De esa forma, la decisión del juez que anuló la orden ejecutiva de Obama quedaría vigente, y más de 5 millones de indocumentados estarían en peligro de ser deportados.

Para entender la magnitud, vale retomar una nota de The New York Times sobre el caso de Olga Armas, quien hace algunos años llegó a EU a trabajar desde Perú, donde se quedaron su hija y esposo. Tras varios años, logró que ellos viajaran y se reunieran con ella; 13 años después, en los que procreó otras dos pequeñas, recibió con alborozo la noticia que la haría dejar de temer las deportaciones. Pero el riesgo, vuelve a ser latente.

Con algunas variantes, según cada caso, es el peligro que corren millones de familias si los cuatro jueces conservadores de la Corte deciden revocar las decisiones del presidente, quien trató de enmendar una ley que es a todas luces no sólo injusta, sino anacrónica e impráctica.