l patio de la Universidad del Claustro de Sor Juana no llegó ningún representante del gobierno mexicano. Ni siquiera porque a la exposición del segundo y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) asistió el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro. Fue el sello de ruptura, en un proceso de alejamiento y confrontación que se agudizó en cuanto los cinco expertos extranjeros detonaron la llamada verdad histórica, en específico la narrativa sin sustento técnico ni científico de la presunta incineración de 43 normalistas en un basurero de Cocula.

La virtual ruptura peñista de relaciones no tuvo en cuenta que la presentación del informe del GIEI era un acto formal, perteneciente, aunque fuera en su última fase (determinada ésta de manera unilateral y amenazante por Los Pinos), a un acuerdo formal que fue firmado por la misma administración federal mexicana ante una instancia internacional legítimamente dedicada a atender asuntos relacionados con derechos humanos en los países integrantes de esa CIDH, que a su vez forma parte de la Organización de Estados Americanos. No estuvieron Miguel Ángel Osorio Chong, ni Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari, ni Arely Gómez González. Tampoco jefe alguno del Ejército, la Marina o las policías. Ni siquiera el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, o el subprocurador de derechos humanos, Eber Betanzos, a quienes se habían reservado asientos con su nombre y cargo escritos en cartulinas rectangulares colocadas en los respaldos.

En cambio, Enrique Peña Nieto se hizo presente para fijar posturas ante el informe del GIEI, pero solamente por la vía del Twitter (ya antes se había hecho presente en la planta de Pajaritos, en Coatzacoalcos, por la vía del Photoshop, acomodando una fotografía de él y algunos funcionarios sobre una gráfica de la estructura industrial accidentada; pulcros en la vestimenta, carentes del equipo de protección que es obligatorio en esos lugares y más cuando se está en una situación riesgosa, atentos y eficaces ante cualquier problema y en cualquier lugar de México y no sólo de México, del mundo entero, por la tecnológica vía voladora de la falsificación fotográfica). EPN, como el subprocurador Betanzos y otras cuentas internéticas del gobierno federal, se dedicaron a enumerar con denuedo burocrático las cifras alegres de la presunta buena atención a los requerimientos investigativos de los expertos independientes.

A juzgar por la información, la retórica y los presuntos buenos sentimientos operativos de Los Pinos y subordinados que le acompañan, al GIEI debió haberle sobrado material oportuno y profundo, suficiente como para resolver no solamente el caso de Iguala-Cocula, sino algunos más de los episodios sangrientos de la historia reciente de México. En el mundo de la simulación enceguecedora, el gobierno federal es rey.

Los cinco expertos independientes, por su parte, reiteraron su fundado rechazo a la versión murillista de la incineración en Cocula y aportaron nuevos datos y evidencias que, según el cuidado lenguaje que han usado, no significan acusaciones en sí, sino circunstancias que deben tomarse muy en cuenta en la búsqueda de verdad y justicia en el caso emblemático de los 43 jóvenes desaparecidos (42, en realidad), cuyos familiares ocuparon primera fila en el mencionado claustro. Por ejemplo, la videograbada visita de Tomás Zerón, el jefe de la libretista Agencia de Investigaciones Criminales del gobierno mexicano, quien estuvo un día antes en el lugar donde se encontró luego una bolsa con restos, según eso, de los desaparecidos. Esa peculiar visita, acompañado de uno de los declarantes del día siguiente, no fue consignada en ninguna información oficial.

El relato del GIEI constituye una dolorosa confirmación de la manera absolutamente injusta en que se maneja en México la estructura de procuración de justicia. Más allá de los infamantes detalles dados a conocer por ese grupo interdisciplinario en el caso específico de los 43, el fondo del asunto radica en ese tejido institucional hecho para el engaño, el escamoteo, la demora, la corrupción y, en esencia, la manipulación de esas instancias judiciales a contentillo de quienes tienen el poder y de sus aliados.

El segundo y último informe del GIEI ha confirmado que el Estado mexicano, sus policías de los tres niveles (municipales, guerrerense y federal), así como miembros del Ejército y otros órganos de inteligencia y seguridad nacional, supieron al detalle lo que iba sucediendo con los normalistas de Ayotzinapa, en tiempo real y sin intervenir para impedir lo que apuntaba a un desenlace trágico. Pero no sólo hubo esa confabulación regional en la que participaron fuerzas locales y representantes de fuerzas federales, sino que el propio aparato central de la administración peñista se esmeró en impedir que se avanzara en la búsqueda de la verdad, especialmente en cuanto a la participación de militares que presenciaron momentos importantes de aquellos sucesos y que por el rango de mando y control que ejercen no podían estar ausentes o ser ignorantes de lo que estaba sucediendo con 43 jóvenes y con otras víctimas directas e indirectas.

Ese sistema está expulsando al GIEI del país, mediante difamaciones contra algunos de sus integrantes y la creación de un ambiente no sólo turbio sino pleno de amago, pues la prolongación de la estancia física de esos expertos estaría en riesgo por falta de colaboración del gobierno mexicano en cuanto a seguridad y protección. Ahora quedan a la intemperie política, sólo con una promesa de seguimiento de la CIDH, los familiares de los 43 y en especial abogados como Vidulfo Rosales. Por ello ayer, en ese informe postrero, varias veces se escuchó la petición de No se vayan.

¡Hasta mañana, con la marcha dominical de la primavera feminista contra la violencia machista!

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