os barones son expertos en aventar la papa caliente, evadir cualquier responsabilidad legal y económica, exigir impunidad por las tropelías cometidas y dejar que sea su gobierno (sea federal, estatal o municipal) el que se encargue de dar la cara, levantar el tiradero y pagar los daños por ellos causados. Ejemplos sobran (el tóxico Germán Larrea en Pasta de Conchos y Cananea, los banqueros con el Fobaproa, Ricardo Salinas Pliego en el asalto al Chiquihuite, el rescate carretero, sólo como ejemplos).

Fiel a ese hábito, ahora uno de ellos, Antonio del Valle Ruiz (ex presidente de los banqueros, ex cabeza visible de Bancreser y Bital, hoy HSBC, y dueño de la empresa Mexichem, entre otras gracias), se ha lavado las manos de la mortal explosión en el complejo petroquímico Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, y dejado toda la responsabilidad a Petróleos Mexicanos, empresa del Estado a la que sólo le falta que la orine un perro.

Como es de conocimiento público, el pasado miércoles se produjo un explosión en la planta Clorados 3 de la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV, propiedad de Mexichem en asociación con Pemex desde septiembre de 2013), provocando la muerte de 13 personas y heridas en más de un centenar.

De inmediato, el Ejército acordonó la zona, Petróleos Mexicanos movilizó a su equipo para atender a las víctimas y comenzó a reportar públicamente los daños provocados y las acciones a seguir para controlar el fuego y evaluar los daños. El propio director general de la ex paraestatal, José Antonio González Anaya, encabeza el operativo. ¿Qué hizo Mexichem? Rápidamente envió un comunicado (seis líneas) a la Bolsa Mexicana de Valores para informar… a sus inversionistas, sólo a ellos. ¿Y los directivos de la empresa? Ni sus luces, como Germán Larrea en Pasta de Conchos y en el derrame tóxico de los ríos Sonora y Bacanuchi, que para eso está el gobierno.

La asociación de Pemex con el consorcio de Antonio del Valle Ruiz fue uno de los primeros negocios privados del nuevo gobierno, con Emilio Lozoya en la dirección general de la empresa productiva del Estado, incluso antes de ser aprobada la reforma energética. La negociación original se hizo en tiempos del calderonato, con Juan José Suárez Coppel (el de la compra de acciones de Repsol) en la oficina principal de la ex paraestatal. En ese entonces no se concretó la operación, porque no pudieron cumplir a plenitud las exigencias de Mexichem en materia laboral (limpia de trabajadores, fuera sindicato, borrón y cuenta nueva).

Parece que Lozoya sí le cumplió, porque a mediados de 2013 se retomó la negociación y apenas tres meses después se firmó el contrato respectivo, con todas las ventajas para… el consorcio privado. Y tal contrato fue aprobado por el consejo de administración de Pemex, encabezado por Pedro Joaquín Coldwell y (¡sorpresa!) Luis Videgaray. Lo mejor del caso es que uno de los compromisos de la familia Del Valle Ruiz fue modernizar la infraestructura y tecnología de Pajaritos, cuando menos en el área de su influencia, es decir, en la que el pasado miércoles ocurrió la explosión.

La historia de hacer jugosos negocios privados con bienes de la nación no es nueva. De hecho, ha sido la norma desde muchos años atrás, donde las reglas del juego son nítidas: las utilidades para los barones, las pérdidas para los mexicanos. Y el propio Antonio del Valle Ruiz es ejemplo de dicha práctica. Antes de la expropiación lopezportillista de la banca, su familia era propietaria del Banco de Crédito y Servicios (Bancreser). Ya con la reprivatización salinista de las instituciones se hizo de Banco Internacional (Bital), que terminó entregando al capital foráneo (ahora es HSBC el propietario), no sin antes pasar los trastes podridos al Fobaproa.

La familia Del Valle Ruiz ha sido propietaria y/o accionista de infinidad de empresas, siempre apoyada por los amigos del gobierno en turno: desde Hulera Centenario, Nalcomex y Química Penwalt hasta la Casa de Bolsa Prime y Mexichem. De una u otra suerte (incluido el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, Ficorca) la famiglia siempre ha contado –no de forma gratuita, desde luego– con el manto protector del gobierno en turno.

Ahora que si de costumbres se trata, allí están los siempre ágiles diputados, quienes sólo hasta ahora –tras la explosión, los muertos y los heridos en Pajaritos– exigen que se transparente el contrato firmado por Emilio Lozoya, y aprobado por el consejo de administración de Pemex, y la empresa Mexichem (en la que, por cierto, aparece Guillermo Ortiz –operador en la privatización salinista de la banca, ex secretario de Hacienda y ex gobernador del Banco de México– como miembro independiente del consejo de administración).

Como siempre, y sólo para lavarse las manos, todas las fuerzas parlamentarias (en San Lázaro) se pronunciaron por que el gobierno federal dé a conocer el contenido del contrato que Petróleos Mexicanos estableció en 2013 con Mexichem, que arrebata el control accionario al Estado mexicano de la planta Pajaritos, otorgándole el 58 por ciento de éste a la empresa y dejando sólo 42 por ciento a Pemex. La tragedia en esa planta industrial es producto del descuido institucional que se deriva de contratos inexplicables entre Pemex y empresas favorecidas con la apertura del mercado petrolero a la iniciativa privada, manifestaron diputados federales que exigieron se investigue a la empresa propiedad de Antonio del Valle (La Jornada, Enrique Méndez y Roberto Garduño).

La negociación entre Pemex y Mexichem para ceder el control de Pajaritos comenzó en el sexenio de Felipe Calderón y el contrato respectivo se firmó en el primer año de Peña Nieto, es decir, un trienio atrás. Pero sólo hasta ahora se les ocurre a los diputados pedir cuentas claras de una operación financiera que, a todas luces, fue contraria a los intereses de la nación, como tantas otras. Y así, hasta la próxima desgracia.

Las rebanadas del pastel

Dicen Aurelio Nuño y Enrique Fernández Fassnacht que no encuentran una causa concreta que justifique la interrupción de las actividades académicas en las vocacionales politécnicas. Pues bien, Díaz Ordaz tampoco las encontró, y si ese par no entiende de historia más les vale que se hagan a un lado antes de que cometan otra barbaridad. Y, sí, el camino correcto, justo e inmediato es la plena autonomía para el Instituto Politécnico Nacional.

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