l Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentará su segundo informe sobre el caso Ayotzinapa este domingo, a las 10 horas, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Con ello se estará cerrando (aunque el periodo de trabajo terminará con el último día del presente mes) el capítulo de la peculiar participación de investigadores externos que, en pleno y legítimo acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el gobierno mexicano y los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, intentaron sumar sus experiencias y capacidades al esclarecimiento de lo sucedido en Iguala y sus alrededores la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

El término del trabajo del GIEI en México se produce en un ambiente de descalificación gubernamental apenas disfrazada, de obstrucción absoluta a las indagaciones en puntos claves, como el militar, y de una dilución, se pensaría que irreversible, de la narrativa oficial que pretendió dar por concluido el caso a partir de una supuesta verdad histórica ahora técnica, mediática y pericialmente desacreditada.

La batalla esencial que libraron el GIEI y el gobierno de Enrique Peña Nieto se dio en el terreno de la simulación institucional mexicana, que impide llegar al fondo de los asuntos, aunque altos funcionarios aparenten poner todo su empeño en ello, y la estructural impunidad mafiosa que se pertrecha tras laberintos burocráticos y manipulaciones procesales que pervierten los fines y el funcionamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia.

El saldo para el bando oficial es negativo. Miguel Ángel Osorio Chong fluctuó entre algunas declaraciones amables hacia el trabajo del GIEI y el impulso de tretas de torpedeo contra esos expertos, sobre todo en materia de guerra sucia mediática. Arely Gómez fue la policía buena, que puso cara amable y cumplió el rol de esforzarse en abrir puertas y expedientes, aunque al final actuó tramposamente al dar a conocer de manera unilateral el más reciente reporte pericial sobre el incendio en el basurero de Cocula. Y EPN se queda, naturalmente, con la asignación de la máxima responsabilidad histórica en este episodio que, con todas las culpas y desviaciones que Los Pinos quiera atribuir al GIEI, buscaba coadyuvar al cumplimiento de una obligación concreta del Estado mexicano, y no del GIEI y la CIDH, que es la de llegar a la verdad real de lo sucedido en Iguala, encontrar a los desaparecidos si aún están vivos, y hacer justicia. Con GIEI o sin GIEI, tal es la obligación del Estado mexicano, del gobierno sexenal en funciones y de su principal encargado, Enrique Peña Nieto. Con GIEI o sin GIEI, ese Estado, ese gobierno y ese encargado están en falta histórica, cada vez más evidente.

Mención aparte merece el general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien fue tajante en su oposición a que los expertos independientes sostuvieran alguna forma de diálogo sin restricciones con los militares que estuvieron en diversos momentos de aquella fecha trágica, valiéndose el general secretario de una argumentación simplista, al postular que los soldados mexicanos no pueden someterse al interrogatorio de extranjeros, sin tomar en cuenta que la presencia del GIEI fue aprobada por voluntad propia por el propio gobierno federal en un acuerdo firmado y conforme a normas internacionales aceptadas por las partes.

En el fondo, esa negativa ha fortalecido la percepción extendida de que el caso de Iguala no quedó en meros niveles municipales o estatales, sino que tuvo decisivos involucramientos federales insuficientemente precisados. La consigna original de partícipes en el movimiento de familiares de los 43, Fue el Estado, ha sido involuntariamente consolidada por esa cerrazón militar a puntualizar su participación en Iguala ante investigadores no gubernamentales (recuérdese que en absoluta opacidad procesal se dieron por desahogadas diligencias con esos militares, para dar por cerradas esas fases y justificar ante los expertos externos el que no se pudieran dar más diálogos con ellos).

Javier Duarte de Ochoa debe estar agradecido con la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber declarado inconstitucional, en junio de 2013, la reforma al código penal aprobada en septiembre de 2011 por el Congreso de Veracruz, a propuesta de ese propio gobernador, para castigar hasta con cuatro años de prisión a quienes hicieran afirmaciones falsas relacionadas con eventualidades explosivas o ataques con armas de fuego o con sustancias químicas, biológicas o tóxicas, lo cual pudiera provocar el delito de perturbación del orden público.

La mira del siempre polémico Duarte de Ochoa estaba puesta en las redes sociales y en especial en Twitter. María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez Vera incluso estuvieron unas semanas en prisión acusados de terrorismo y sabotaje por tuitear versiones de hechos y ataques del llamado crimen organizado. Lo irónico es que el propio persecutor resbaló este miércoles al ilustrar un tuit suyo (que luego fue retirado) con una imagen impactante que según eso correspondía a la explosión sucedida en el complejo de Pajaritos, en Coatzacoalcos (https://goo.gl/3RIl6h), cuando en realidad había sido tomada en Libia, en otro contexto. La sobredimensión gráfica y la difusión de esa falsedad fotográfica desde la cuenta oficial de Twitter de ese gobernador podrían haber motivado que se le acusara de perturbación del orden público. Para su fortuna, la Corte había echado abajo desde 2013 esa pretensión represiva del perturbador Duarte.

Y, mientras EPN ha presentado con significativa rapidez, conforme a las tendencias instruidas por EU (apenas una semana atrás ni siquiera deseaba ir a la ONU a fijar su postura) una iniciativa de ley para aumentar el gramaje consumible de mariguana, beneficiar con esas nuevas mediciones a sentenciados y favorecer la comercialización de productos hechos a partir de la histórica Juanita, ¡hasta el próximo lunes!

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