Para el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo y disciplinario de los juzgadores del país que resuelven controversias federales, ha resultado muy complicado y lento poder castigar a los jueces o magistrados involucrados en actos de corrupción, fundamentalmente porque el procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en forma de juicio que se les inicia es sumamente técnico, lleno de recovecos legales y de lento trámite.

Según funcionarios de la judicatura y abogados en la materia consultados por La Jornada la mayoría de los procedimientos iniciados por quejas administrativas contra juzgadores (ya sea por problemas laborales con su personal, faltas al código de ética, o por supuesto acoso laboral o sexual a los funcionarios judiciales) se resuelve en favor del juez, mientras que los casos de alto impacto iniciados por presuntos actos de corrupción (que van desde incumplimiento de las jurisprudencias al momento de resolver algún juicio hasta enriquecimiento ilícito) llegan a tardar de cinco a siete años en resolverse.

Además, aunque lo resuelto por el CJF no puede ser impugnado mediante juicio de amparo, existe para los jueces sancionados la posibilidad de que su caso sea revisado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tiene facultades para levantar el castigo y ordenar la reinstalación del juzgador.

Por citar un ejemplo, a casi cinco años de suspender a Ricardo Barbosa Alanís, polémico juez que presuntamente favoreció con sus fallos a Juan José Rojas Cardona, El zar de los casinos, la Judicatura aún no define si lo destituye o lo reinstala en el cargo por falta de pruebas.

Datos de la propia judicatura a los que tuvo acceso este diario, refieren que entre enero de 2014 y diciembre de 2015, al menos tres juzgadores removidos por el CJF recuperaron sus puestos por orden de la Corte.

El caso más reciente es el de Luis Alberto Ibarra Navarrete, juez de distrito con sede en Guadalajara destituido en 2011 por múltiples causas, entre ellas usar al personal de su juzgado para apoyar a su hermana en un litigio.

Ibarra tiene derecho al pago de 51 meses de salarios caídos, equivalentes a casi 10 millones de pesos, luego de que el Pleno de la SCJN echó abajo su destitución el pasado 22 de junio por siete votos contra dos.

La Corte también anuló la destitución de Enrique Torres Segura, juez de Zacatecas removido en 2012 luego de que se negó a desahogar un testimonio de una causa penal por medio de videoconferencia.

Miguel Ángel Ramos Pérez, magistrado de circuito adscrito a un tribunal colegiado de Toluca, también logró echar abajo en la SCJN la sanción que le impuso el CJF, órgano administrativo que en mayo de 2011 rechazó ratificarlo en su cargo como magistrado por supuestos actos impropios que le imputaban los trabajadores del tribunal.

Aunque el CJF ha ventilado públicamente los casos de juzgadores investigados por supuestas ilegalidades, los procedimientos administrativos y las eventuales acusaciones penales han tardado años en concluirse.

En enero de 2014, la judicatura inició un procedimiento administrativo contra Luis Armando Jerezano, otro de los jueces federales suspendidos por supuestamente favorecer con fallo ilegales a los casinos. De entonces a la fecha, no se ha informado de alguna sanción en su contra.

Otro caso es el del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, suspendido en 2012 y sujeto a procedimiento disciplinario desde julio de 2014, por nueve fallos aparentemente irregulares y 5 millones de pesos no reportados en su declaración patrimonial, cuyo caso también está en la Procuraduría General de la República.