l Estado mexicano no garantiza la vigencia de los derechos humanos fundamentales. Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en graves violaciones a los derechos humanos, como parte de acciones contra el crimen organizado. El gobierno ha logrado muy pocos avances en los juicios a los responsables de abusos recientes, y menos aún ante la gran cantidad de atropellos cometidos por soldados y policías desde que el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa inició la guerra contra el narcotráfico en México.

En septiembre de 2015 un grupo de expertos designado mediante un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso graves falencias en la investigación gubernamental sobre las desapariciones forzadas de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero; refutó las conclusiones claves de la Procuraduría General de la República (PGR) e instó a las autoridades a seguir nuevas líneas de investigación. Hace unos días, el gobierno federal logró forzar la decisión de la CIDH de retirar de México al GIEI, cuando todavía se desconoce el paradero de al menos 41 estudiantes.

Desde 2006, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en numerosas desapariciones forzadas. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se desconoce el destino de más de 25 mil 500 connacionales.

La descomposición ha provocado una enorme molestia que debe expresarse en un amplio movimiento para lograr que el gobierno reconozca su incompetencia y solicite a la Organización de Naciones Unidas la creación de una instancia similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), mecanismo cuyo primer director, Carlos Castresana, refirió que ese país tiene uno así porque lo pidió al secretario general de la ONU. México tendría que hacer lo mismo.

Las medidas necesarias para iniciar la regeneración de México hay que buscarlas en el ámbito internacional.