ué sucedió? ¿Qué los hizo recular? ¿Tantearon el de por sí caldeado ambiente social y decidieron dejar la nueva reforma para un momento políticamente más oportuno? Bien a bien no se sabe, porque en las esferas gubernamentales les da terror tocar el tema, pero por fin un funcionario de primer nivel salió a decir que no hay ningún plan o iniciativa para modificar el régimen de jubilaciones y pensiones, las cuales están plenamente garantizadas.

El director general del IMSS, Mikel Arriola, aprovechó un seminario organizado por el Legislativo para afirmar lo anterior y, de pasadita, desmentir a un senador de la República, a una diputada (presidentes de las respectivas comisiones de Seguridad Social) y a un funcionario del gobierno federal, amén de restar validez a la jurisprudencia laboral (8/2016) emitida en febrero pasado por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Excelente noticia la difundida por Arriola, en especial aquello de que las jubilaciones y pensiones están plenamente garantizadas, porque cuando menos desde octubre de 2015 diversos voceros de los llamados tres poderes de la unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) adelantaron la inminencia de otra reforma en la materia, tendiente a reducir, aún más, los derechos económicos y sociales de los mexicanos.

Felizmente el titular del IMSS ha salido a decir que no, que ningún plan o iniciativa se encuentra en el horno, y que las jubilaciones y pensiones están plenamente garantizadas, aunque esto último es relativo, porque en los hechos sólo cuatro de cada diez trabajadores tienen acceso a ese derecho constitucional; más adelante, tal vez, el número sea menor.

Espléndido, pues, pero nadie quiere detallar cómo fue posible que –en el notorio desbarajuste temático y programático que registra el país– un organismo internacional (OCDE), dos legisladores que presiden las comisiones de Seguridad Social del Senado y de la Cámara de Diputados (Fernando Mayans y Araceli Damián González, respectivamente), un funcionario del gobierno peñanietista encargado de la Consar (Carlos Ramírez) y, por si fuera poco, la segunda sala de la SCJN, cada cual desde su trinchera y todos ellos con intereses encontrados, llegaran al mismo punto: la nueva reforma está en el horno y su aprobación es inminente. Incluso uno de los involucrados le puso fecha: abril de 2016.

A lo largo de casi siete meses (octubre de 2015 al presente mes) nadie salió a desmentir que se cocinaba una nueva reforma pensionaria, y menos, que la aprobarían en abril del presente año. De hecho, lejos de hacerlo, a mediados de marzo pasado el propio gobierno federal, por medio de su peón en la Consar, Carlos Ramírez, aseguró que venían modificaciones de fondo y de gran envergadura en los diferentes sistemas de pensiones de los trabajadores, derivadas del avance inexorable del envejecimiento y el deficiente fondeo financiero (La Jornada, Enrique Méndez y Roberto Garduño).

Seis meses antes de dicha declaración, en octubre de 2015, el presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, Fernando Mayans, adelantó que, con base en la recomendación de la OCDE (organismo que recomendó al gobierno mexicano esas modificaciones de fondo), el sistema de pensiones será reformado en abril de 2016, para lo cual, dijo, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se reunió con legisladores para planear el diseño de la iniciativa.

En febrero de 2016 una nueva jurisprudencia laboral (8/2016) emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indica que el tope máximo para el pago de pensiones es de 10 salarios mínimos y no de 25, como se establece ahora (La Jornada, Susana González).

En marzo del presente año, el mismo Carlos Ramírez acudió a la Cámara de Diputados “para reunirse con la Comisión de Seguridad Social y mantener la postura de reformar la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Esto debido a que la OCDE recomienda cambiar la legislación, pues los trabajadores adscritos al sistema desde hace tres décadas ahora son los que presionan el gasto público… La presidenta de la comisión, Araceli Damián González, confirmó que la postura del gobierno, presentada por Ramírez, es una iniciativa ‘para modificar nuevamente la ley’ a fin de homologar a los trabajadores que cotizan bajo el esquema previo a la reforma de 1997 (Ley de 1973) con los inscritos a partir de la modificación impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo”.

Todo lo anterior daba cuenta de que el platillo estaba listo (cortesía de la OCDE), el horno preparado (SCJN), el chef puestísimo (Luis Videgaray), los pinches dispuestos (senadores y diputados) y la mesa decorada (nuevo filón para los dueños de las Afore).

Pero de repente, ¡zas!, Mikel Arriola toma el micrófono y asegura que no hay ningún plan o iniciativa para modificar el régimen de jubilaciones y pensiones, las cuales están plenamente garantizadas.

Qué bueno que lo aclara, porque la OCDE recomendó que los trabajadores que hoy tienen una pensión garantizada bajo el esquema de beneficios definidos fueran llevados a un sistema mixto en el que una parte de su retiro se financiara por ellos mismos. Propuso “un esquema de prorrata, por medio del cual todos los trabajadores –incluso aquellos que empezaron a cotizar antes de la reforma a la Ley del IMSS en julio de 1997, y que podían escoger entre el sistema de beneficios definidos– migraran a otro basado en la cuenta individual de contribución definida a cargo de las Afore. Los trabajadores más afectados serán los de la generación de transición que empezaron a trabajar bajo el régimen de la Ley del IMSS de 1973” (La Jornada, Israel Rodríguez).

Entonces, ¿reculan o sólo posponen?

Las rebanadas del pastel

Todo indica que el recién designado médico financiero es el adecuado. El problema es saber si la paciente tiene la fortaleza necesaria para salir adelante, o si de plano se encuentra en fase terminal. Ello, porque Pemex tendrá muy malos resultados financieros en el primer trimestre de 2016, a pesar del rescate por 73 mil 500 millones de pesos y los cambios en su esquema fiscal, que le permitirán disminuir el pago de impuestos en unos 50 mil millones de pesos anuales (José Antonio González Anaya, director general de la empresa productiva del Estado, en entrevista con Bloomberg).

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