n país que no respeta el estado de derecho es un país que va al fracaso. Es un país sin seguridad, sin rumbo, colapsado moralmente y que no tiene un destino de paz, certidumbre y progreso para sus habitantes. Los gobernantes que no lo ven así, que no lo sienten de esta manera, no sólo no cumplen con su responsabilidad, sino que pierden la oportunidad de pasar a la historia con una imagen de respeto y dignidad. Desafortunadamente, en México y en otras partes convulsionadas del mundo las cosas suceden de esa manera, pues la comodidad, la ambición, la prepotencia y la indiferencia los pierden en su visión corta, insensible y deshumanizada.

En esas condiciones, la población gradualmente se va desesperando y frustrando ante tantos abusos, impunidad y corrupción que hacen un gran daño a la sociedad. Y más aún cuando dejan de creerle a los políticos, a los partidos, a las organizaciones, y van surgiendo y acumulándose el resentimiento y el coraje. Hoy, en México la gente no cree ni tiene confianza en el sistema de justicia, pues las violaciones a los derechos humanos son constantes por parte de las instituciones del sistema judicial y de seguridad, que son las que deberían proteger a los mexicanos. Cuando esta situación llega al nivel no sólo de jueces y de magistrados, sino hasta al de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entonces la verdad desnuda deja a los habitantes sin protección ni seguridad.

Al contrario, el sentido de abandono y de resentimiento llega a tal nivel que cada vez se cierran más las soluciones y las salidas pacíficas a los conflictos.

Un ejemplo claro acaba de suceder la semana pasada en una resolución de la segunda sala de la SCJN, el pasado 13 de este abril, a raíz de una propuesta del ministro ponente Eduardo Medina Mora contra el Sindicato Nacional de Mineros, e incluso avalada por su homólogo Fernando Franco González, quien fue el subsecretario A de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el gobierno de Vicente Fox, cuando Carlos María Abascal era el titular de esa dependencia. La resolución consistió en negar el amparo al Sindicato de Mineros, que había demandado desde hace por lo menos ocho años la responsabilidad civil y patrimonial del Estado, por haberme negado la STPS la toma de nota o reconocimiento oficial como secretario general del sindicato, sin ninguna facultad legal, sino sólo la obsesión enfermiza y la corrupción del encargado de esa secretaría, el nefasto Javier Lozano Alarcón, el gato de Grupo México, como afirmaba Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, y quien ha estado siempre entregado, sometido y controlado por Larrea, el enemigo número uno de los mineros.

¿Cómo es posible que a Medina Mora le encargue la Corte que fuera el ministro ponente para proponer la resolución, cuando fue el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Fox, y que hace 10 años, ayer exactamente, el 20 de abril de 2006, decidió junto con el otro desfasado yunquista Francisco Javier Salazar, el último secretario del Trabajo de Fox, así como con Carlos María Abascal, secretario de Gobernación, y Daniel Cabeza de Vaca, procurador general de la República de ese mismo gobierno, enviar a la Policía Federal y la estatal de Michoacán a tomar las instalaciones y desocupar por la fuerza de las armas a los trabajadores mineros de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas que estaban en un movimiento legítimo de huelga para protestar por las violaciones al contrato colectivo, a la Ley Federal del Trabajo y a la libertad sindical?

Medina Mora, junto con los otros funcionarios, lanzó el ataque con más de mil elementos fuertemente armados y dispararon contra los trabajadores, incluso desde los helicópteros, con el saldo de dos mineros asesinados por la fuerza pública al mando de esos irresponsables y canallas políticos corruptos, quienes atendían servilmente así la solicitud de desalojar a cualquier costo a los huelguistas, proveniente de empresarios desacreditados por sus malos manejos y su inmoralidad, los hermanos Julio, Pablo y Sergio Villarreal Guajardo, principales accionistas de esa compañía siderúrgica.

Este 20 de abril, y a una década de distancia, en el puerto industrial Lázaro Cárdenas, Michoacán, se rindió un gran homenaje, como todos los años, a Mario Alberto Castillo y Héctor Álvarez Gómez, mineros caídos por los disparos asesinos bajo las órdenes de esos sujetos, así como a los más de 100 trabajadores heridos de bala en ese cobarde ataque que, por cierto, no cumplió con su objetivo, pues los policías y soldados tuvieron que retirarse por la tarde cuando los trabajadores resistieron heroicamente y el pueblo de Lázaro Cárdenas valientemente los respaldó y se levantó en protesta. Haber continuado con el ataque de Vicente Fox y su equipo de irresponsables hubiera provocado una masacre mayor de incalculables consecuencias.

Así es que la resolución de la SCJN contra la demanda de daño moral de los mineros, auspiciada por Medina Mora con argumentos absurdos, como el derecho a la información en contra de la verdad y el honor de las personas, representa un grave retroceso y una vergüenza histórica del Poder Judicial que no se va a olvidar. Además, contradice lo que la misma segunda sala de la Corte resolvió en 2012, otorgándome la toma de nota como secretario general del Sindicato Nacional de Mineros, y, además, por unanimidad. Medina Mora, quien es muy cercano a los abogados de Larrea de Grupo México, ha hecho afirmaciones públicas falsas y sin fundamento contra los mineros, para satisfacer la obsesión perversa de Larrea y con esto exhibir su conflicto personal de intereses en este asunto.

Pero esta resolución del 13 de abril también se opone abiertamente al acuerdo unánime del cuarto tribunal colegiado en materia penal del 28 de agosto de 2014, que me exoneró en forma definitiva de todas las acusaciones falsas que me habían inventado. Lo anterior, para que se calibre el tamaño del nuevo atentado de hoy contra el estado de derecho contenido en la propuesta de Medina Mora, avalada por los demás ministros. Como puede observarse claramente, hasta el día de hoy insisten en mantener la persecución política contra los mineros y contra mi persona.

Por todo eso, tales personas indignan y denigran al Poder Judicial de la Federación, pues con sus antecedentes, Medina Mora ni siquiera debió haber sido designado ministro de la Corte. Este nombramiento ofende y lastima la transparencia y la eficacia con que debe operar el sistema de justicia de un país. Qué vergüenza, y peor aún con los otros ministros que saben perfectamente que el ataque que se inició hace 10 años contra los mineros fue infundado, motivado políticamente y dirigido perversamente para acabar con un liderazgo que ellos veían como contrario a los intereses de los políticos y los empresarios más corruptos del país.

Para los mineros, este asunto no está concluido, pues si en México hay tal insensibilidad y falta de ética para aplicar correctamente la justicia, entonces las instancias internacionales tendrán que actuar contra el gobierno de México, como ya ha sucedido en Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Interpol y la Organización Internacional del Trabajo, entre otras.