Monterrey, NL.

El Congreso local aprobó este martes por unanimidad la nueva Ley de Participación Ciudadana, que permitirá a la población revocar el mandato del gobernador, alcaldes y diputados locales.

La autoridad no debe sentir que la ley nació para ir en contra de ellos; debe entender que es una herramienta también para ellos, para ir de la mano y a la par del ciudadano, dijo el priísta Héctor García García, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

García García indicó que por el nuevo ordenamiento –que se mantuvo archivado durante 12 años–, en ayuntamientos con hasta 4 mil votantes se requerirán las firmas de 20 por ciento de los integrantes de la lista nominal de electores para solicitar una consulta ciudadana con el tema de cambio de alcalde. En las demarcaciones que tengan entre 4 mil y 20 mil personas en la lista nominal, se necesitará que 15 por ciento de votantes demanden la votación que defina si el funcionario se va o se queda, y en las alcaldías con más de 20 mil votantes se necesitará 10 por ciento del respaldo ciudadano para realizar la consulta.

Una vez aprobada la consulta, donde haya una lista nominal de hasta de 4 mil votantes se requerirá que al menos 50 por ciento de la lista nominal apruebe la revocación de mandato para quitar el puesto al alcalde. En ayuntamientos que tengan entre 4 mil y 20 mil inscritos en la lista nominal se necesitará 45 por ciento, y para el resto de los municipios se considerará 40 por ciento de la lista nominal.

Otras figuras consideradas en la nueva ley son la consulta popular y ciudadana, iniciativa popular, audiencia pública, presupuesto participativo, contralorías sociales, consejos consultivos ciudadanos, asambleas ciudadanas y comités ciudadanos, dijo García García.