A una década del conflicto minero de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el que la empresa Sicartsa quiso dar un golpe al sindicato nacional del ramo y fuerzas policiacas mataron a dos trabajadores e hirieron a decenas, sigue abierto el expediente del caso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a que la autoridad desoyó las recomendaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Vicente Fox desechó las observaciones de la CNDH y sostuvo que el gobierno tenía una verdad histórica diferente y que los trabajadores habían provocado el desorden, señalaron los abogados del sindicato, luego de sostener que a la fecha se siguen aportando pruebas al expediente y el caso sigue abierto, pues no se ha hecho justicia.

Frustran imposición de sindicato charro

Al respecto, el 20 de abril de 2006 la sección 271 logró frustrar la imposición de un sindicato blanco o de protección y a pesar de que los obreros fueron agredidos por cuerpos de seguridad, entre ellos la Policía Federal Preventiva, impidieron además que les rompieran el paro que habían iniciado en la siderúrgica el 2 de abril y que apresaran a todo el comité ejecutivo, como pretendía la empresa.

Los abogados indicaron que, según el expediente de investigación de la CNDH –recomendación 37/2006–, la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública sigue las indicaciones de Gobernación y de la Presidencia, para imponer a los mineros otro comité de la 271, afín al gobierno y las empresas.

La sorpresa fue que los mineros aguantaron durante horas la agresión, y llegaron obreros de otras empresas, entre ellas Arcelor Mittel, a apoyarlos, además de que se sumaron esposas, madres e hijos de los trabajadores, así como el pueblo en general, y no los pudieron desalojar.

Dicha comisión documentó la agresión y determinó que las autoridades actuaron de modo ilegal, además de que hubo evidencias suficientes para inferir que los elementos de la PFP portaron armas de fuego y las accionaron.

También acreditó la violación de los derechos humanos de los trabajadores muertos –Héctor Álvarez Gómez y Mario Alberto Castillo– y de los heridos; además, que la SSP no contaba con previa orden de un juez para llevar a cabo el desalojo; que hubo uso indebido de las facultades de las fuerzas armadas, lo que provocó la muerte de los dos trabajadores, y que otros 21 sufrieran lesiones por armas de fuego y 33 más fueran agredidos, además de que hubo órdenes de aprehensión contra los líderes de la sección 271, sin bases legales.

Por todo lo anterior, dicha comisión emitió una recomendación para atender los daños y perjuicios a los trabajadores.

No obstante todas las pruebas, la Secretaría de Seguridad Pública, en ese entonces dirigida por Eduardo Media Mora, no aceptó las observaciones ni las atendió, según apuntaron los abogados.

Al hacer un recuento de aquella batalla minera, señalaron que el gremio sigue en la lucha por el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, en defensa de la libertad sindical, de los contratos colectivos que le quieren ser arrebatados mediante prácticas legaloides, y contra el sindicalismo blanco o de protección que quieren imponer empresarios con el apoyo del gobierno federal.