a semana pasada algún grupo de narcos incendió docenas de coches y camiones en Michoacán, y cerró algunas carreteras desde Apatzingán hasta el otro extremo del estado, en Zamora. Los actos fueron coordinados para maximizar el impacto en medios.

Todo el mundo entiende que se trata de un mensaje, pero, ¿un mensaje de quién, para quién? Según la prensa, el mensaje proviene de una de las mafias que luchan por espacios hoy en Michoacán, los llamados viagras, que antes habían formado una fracción de Los caballeros templarios. Además de Los viagras, se dice que hay en el estado otros grupos varios, luchando cada uno por espacios, incluyendo Jalisco Nueva generación, la Nueva familia michoacana, Los caballeros templarios y Los rojos (de Guerrero), entre otros. Así, por ejemplo, ayer apareció la noticia de tres asesinatos en Apatzingán, y los muertos pertenecían a mandos de un grupo conocido como Los Licea. Imagino que habrá otras agrupaciones igual de desconocidas que ésta para los lectores de periódicos.

Entre quemazones de camiones y los asesinatos del lunes, queda claro que la lucha por el control de Apatzingán ya se desató, y que quizá esté por estallar en otros rumbos. Sin duda, la presencia de grupos de competidores para la venta y trasiego de drogas augura el inicio de un nuevo periodo de matanzas en la Tierra Caliente.

¿A quién o a quiénes va dirigida la demostración de fuerza disruptiva realizada en esas quemas y cierres de carretera? Otra vez resulta difícil saberlo a ciencia cierta. Unos sugieren que se trata de un mensaje para el gobernador, Silvano Aureoles, por su decisión de liquidar las llamadas fuerzas rurales del estado, para integrar en vez de ellas una policía Michoacán. De hecho, ante la embestida terrorista, el propio Aureoles declaró que el gobierno del estado no retrocederá ni un milímetro en su política de terminar con la fuerza rural, que ha sido infiltrada por los narcos, y transitar a una policía Michoacán.

Pero el mensaje podría ser también para el Presidente de la República: que le quede claro que Michoacán no quedó resuelto con la política del antiguo comisionado ni con los millones que ahí se gastaron. De hecho, el mensaje al gobernador y al Presidente tampoco se contradicen el uno al otro: si los narcos están contentos con las fuerzas rurales y no quieren que el gobernador las quite, será porque están infiltradas o porque no son efectivas, y si eso fuera así, entonces la política federal reciente no habría hecho sino dar poder a los narcos. El mensaje al Presidente podría ser entonces que, para evitar la vergüenza de reconocer el fracaso, aplique presión al gobierno estatal, y así evite ser balconeado.

Por otra parte, el mensaje podría también ser también para las fuerzas armadas: una treta de un grupo para llamar la atención sobre algún otro y provocar así la intervención del Ejército o de la Policía Federal, y cambiar con eso la relación de fuerza entre competidores. Por último, quizá el mensaje haya sido pensado directamente para la población civil, buscando volverla dócil, para así reanudar una política de cobros de derecho de piso, por ejemplo. Lo cierto es que no se sabe cuál sea el destinatario exacto del mensaje… Todo son rumores a escala local. Lo único indiscutible es que hoy hay temor de que todo vuelva a empeorar en Michoacán.

Por eso la acción de la semana pasada fue un acto terrorista en el sentido más estricto del término: estaba orientado expresamente a esparcir el miedo de manera difusa, como un buscapiés que hace que todos brinquen. Se trata de actos que demuestran capacidad de destrucción, ejercida a manera de ejemplo. Sólo que no se sabe a quién se esté tratando de aleccionar. El terror será para quien le quede el saco.

Uno de los problemas que tiene la ciudadanía ante acciones terroristas como las de la semana pasada es, precisamente, que no sabe bien a quién va dirigida la acción. Si lo que quieren los narcos es que el gobernador Aureoles integre a las fuerzas rurales a su nueva policía estatal, eso implica que aquéllas están ya infiltradas por equis o ye cártel (o por todos). O si no, quizá signifique que la policía Michoacán tendrá lazos con un cártel y las fuerzas rurales los tienen con otro… El espacio para la especulación a escala popular es enorme, cosa que provoca un sinfín de rumores. Y sea cual fuere la realidad, estas especulaciones impiden ver a la policía como franco aliado frente a grupos delincuenciales. El acto incendiario desarticula los lazos de confianza que pueda haber entre sociedad y policía, en caso de que los hubiera o que se quisieran desarrollar.

Por otra parte, si el mensaje es para la propia sociedad, como avisándole que si no oye, ve y calla será victimada, el efecto neto será más o menos el mismo: incrementar dudas respecto de la capacidad de protección ofrecida por las policías o el Ejército.

Los actos terroristas como los de la semana pasada están diseñados para desarticular nexos internos de la sociedad local y lazos de confianza entre sociedad y gobierno. Sirven para imponer la ley del silencio, de la que depende el negocio. Si el Estado mexicano utiliza el escándalo de la semana pasada para echarse la bolita entre los gobiernos estatal y federal, o entre gobiernos municipales y gobiernos estatal o federal, la desconfianza ante el Estado se volverá a incrementar muy, muy rápidamente. Y si eso sucede, no debemos sorprendernos si vemos que en cosa de meses los narcos de nuevo pongan los precios al limón, al aguacate, a la carne o al mineral, y sean ellos quienes resuelvan conflictos entre marido y mujer o entre hermanos, siempre a cambio de fuertes porcentajes. Si el gobierno no actúa de manera inteligente y unificada, de acuerdo entre el gobierno federal y el estatal, el narco volverá a ser Estado en Michoacán.