Una vez que enfrentaron diversos obstáculos para obtener una candidatura independiente, aspirantes a puestos de elección popular sin partido consideraron necesario cambiar la ley para que las condiciones de competencia sean equitativas entre ellos y los abanderados de fuerzas políticas con registro.

Carolina Aubanel, quien no pudo lograr su inscripción para contender por el municipio de Tijuana, Baja California, señaló que tal como está la legislación no cumple con el espíritu de promover el acceso de ciudadanos a las candidaturas, mientras Juan Bueno, candidato al gobierno de Veracruz, dijo que hay inequidad en aspectos sustanciales, como el acceso a los medios de comunicación o la participación de su representante ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

Un análisis del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores sobre el tema reconoce que una de las críticas más recurrentes al modelo de candidaturas independientes es la inequidad de éstas frente a las de partido en aspectos como financiamiento público y tiempos en radio y televisión.

Estudio legislativo

Elaborado por Alejandro Encinas Nájera, Roberto Castellanos Cereceda y Ernesto Orozco Rivera, el estudio también recuerda que la mayoría de los congresos estatales reprodujo el modelo federal aprobado para los aspirantes sin partido en 2014, pero en nueve estados se promovió una reglamentación más exigente. Se trata de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Dichas normas surgidas tras el triunfo de seis candidatos independientes en los comicios de 2015, entre ellos el de Jaime Rodríguez El Bronco, en Nuevo León, parecerían una reacción ante la competitividad de estos aspirantes, según estiman los investigadores.

Al comparar la normatividad de los nueve estados con la federal, destacan el aumento en el porcentaje de respaldo ciudadano que se exige en esas entidades. Por ejemplo, en Baja California Sur, para ser candidato a gobernador sin partido, el interesado debe recabar 4 por ciento de firmas de electores, cuando para presidente de la República se contempla sólo uno por ciento.

Respecto de los diputados locales se establecen porcentajes mínimos de apoyo de entre 2 por ciento (Sinaloa) y 6 por ciento (Tlaxcala) de la lista nominal del distrito. En su mayoría, tales disposiciones exceden el umbral para aspirar a una diputación federal o escaño en el Senado, fijado en 2 por ciento.

Carolina Aubanel, periodista que ha participado en diversos proyectos sociales, lamentó que en los congresos se aprueben normas antagónicas con la realidad, como la de exigir la credencial de elector de quienes respaldan a un aspirante ciudadano, cuando todo es promoción para que las personas no entreguen datos personales a fin de evitar el robo de identidad.

En entrevista, relató los esfuerzos para recabar 36 mil 700 firmas que secundaban sus aspiraciones, 6 mil más de las exigidas por la ley, y cómo le fueron anuladas más de 8 mil por errores de captura en el OPLE o con argumentos falsos, como que estaban duplicadas, que las copias de las credenciales de elector no eran legibles y que había ciudadanos de otros municipios y personas muertas.

Luego de ser notificada de que no reunía las rúbricas necesarias para obtener la inscripción como candidata a la alcaldía de Tijuana, dijo que impugnó la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) de la Federación con la finalidad de fijar un precedente sobre las irregularidades de su caso, pues decidió no participar en la contienda.

Aseguró que hubo consigna en su contra para que no obtuviera el registro, ya que por sus vínculos familiares con priístas, diversas voces la ubicaban como candidata que podía restar votos al PRI.

Juan Bueno, por su lado, afirmó que no fue fácil reunir 256 mil firmas de respaldo que presentó ante el organismo electoral estatal, esto es, 90 mil más de las requeridas. Recordó que le quisieron anular miles, pero recurrió al TEPJF y le reconocieron 190 mil. .