Las disculpas del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, por el caso del video de tortura donde aparecen dos elementos militares, es ‘‘insuficiente’’, pues el caso no sólo permanece impune, sino que no hay una investigación de cadena de mando y tampoco un mecanismo que garantice que no se repitan estas prácticas, aseguró el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón.

Por otra parte, en conferencia de prensa, la secretaria de derechos humanos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Paloma Castañon, manifestó: ‘‘No queremos disculpas, sino justicia y castigo para todos los responsables de delitos de tortura’’.

La perredista resaltó que la disculpa pública del secretario de la Defensa Nacional por los actos cometidos por dos elementos del Ejército en contra de una mujer en la comunidad de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, cuyas imágenes se dieron a conocer en las redes sociales, es insuficiente. La sociedad demanda que los culpables se sometan a procesos judiciales.

Etrevistado en el plantón que realizaron frente a la Secretaría de Gobernación los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Patrón reconoció que el repudio institucional a esas prácticas, y más aún si viene del secretario de la Defensa, ‘‘es bueno’’, pero todavía insuficiente.

Dijo que en este caso, como en el de la bodega de Tlatlaya, donde militares presuntamente asesinaron a 22 civiles, demuestra que es necesario investigar las órdenes militares y con ello la cadena de mando.

El director del Centro Prodh señaló también que el caso del video donde dos militares y una agente de la Policía Federal torturan a una mujer no debe permanecer impune.

‘‘¿Sólo desobediencia?’’

El activista aclaró que de acuerdo con la información de las autoridades, el proceso que ya se ha iniciado ante la justicia castrense ‘‘es por desobediencia; es decir, son delitos contra la disciplina militar’’. Sin embargo, pese a tener evidencias como el video, no hay una investigación del fuero civil que haya procesado a los dos militares.

En este caso, insistió, puede prevalecer la impunidad y frente a ello, la mujer que se observa en el video está encarcelada en un penal federal y procesada por delitos que muy probablemente no cometió. ‘‘Esa es la consecuencia de la tortura. Es el propio Estado quien pone en riego la justicia’’, remarcó.

Patrón destacó también el contexto en que aparece dicho video: en medio de una gran confrontación del gobierno mexicano con el relator de la Organización de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, debido a la denuncia de que en México esta práctica se aplica de manera generalizada. ‘‘De alguna manera este video da cuenta del factor de realidad que (el gobierno mexicano) ha pretendido negar y que impide que se construyan agendas de transformación real’’, agregó.

También consideró preocupante lo que se escucha en esa filmación, donde una agente de la Policía Federal pregunta a la víctima ‘‘si quiere agüita, toques o bolsa’’. Es decir, da cuenta de que existe un amplio repertorio de mecanismos y estrategias de tormento. También habría que preguntarse en dónde aprendieron este tipo de prácticas tanto las fuerzas militares como las de la PF.

En tanto, Alejandro Sánchez Camacho, secretario de Acción Política Estratégica del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, lamentó la postura asumida por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, respecto al fin de los trabajos de coadyuvancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Iguala.