a versión oficial celebra que la despetrolización de las finanzas públicas es consecuencia de la reforma fiscal de 2013, y las cifras que avalan tal dicho son contundentes (Videgaray dixit). En los hechos, sin embargo, tal presunción no sólo es ficticia, sino que intenta ocultar una realidad por demás impactante para las arcas nacionales, toda vez que en apenas tres años el ingreso proveniente del oro negro se desplomó en más de la mitad y su ausencia queda clara con los tres recortes presupuestales practicados por la propia Secretaría de Hacienda.

En palabras del ministro del (d) año, a finales de 2012 el 40 por ciento de los ingresos del gobierno federal provenía del petróleo, mientras al cierre de 2015 tal proporción se había reducido a 16 por ciento. Un desplome de 60 por ciento en el plazo citado, un enorme agujero que ni lejanamente ha sido cubierto por las presuntas bondades de la referida reforma fiscal.

Junto con Venezuela, Ecuador y Bolivia, México es el país que más depende del ingreso proveniente de los hidrocarburos, contra casos como los de Colombia, Argentina, Perú y Brasil, que no pasan del 15 por ciento del total de las recaudaciones, y, por ende, comparativamente, las variaciones en el precio del petróleo y del gas natural no deberían afectar sus presupuestos nacionales de manera tan substancial como en los otros casos, como detalla la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Para el caso mexicano el organismo especializado de la ONU advierte que es muy baja la probabilidad de que el precio petrolero de exportación se incremente a los niveles observados en la primera mitad del 2014 (entre 55 y 58 dólares por barril), y en este escenario de precios relativamente bajos del crudo en los próximos años el impacto va a ser importante”.

Con una visión global, dice el organismo, los países exportadores de petróleo experimentarán presiones fiscales y su intensidad estará en directa relación con el nivel de dependencia de cada nación respecto de sus ingresos directos vinculados al petróleo. En esta lógica, las finanzas públicas de Venezuela serán las más severamente afectadas, pues las recaudaciones fiscales por exportaciones de petróleo representan más de 40 por ciento de los ingresos fiscales y aproximadamente 10 por ciento del PIB. Los impactos de bajos precios por un periodo prolongado representarán un relevante impacto negativo sobre su economía. Estimaciones indican que este país necesita un precio por barril cercano a 117 dólares para equilibrar su balance fiscal.

La más afectada de América Latina, pero no el único. El caso de México no está muy alejado del que reporta la nación bolivariana, aunque tendría mayor margen de maniobra por contar con una economía ampliamente diversificada hacia las manufacturas (aunque importa para poder exportar). De cualquier suerte el impacto por el desplome de los petroprecios es por demás importante, pero comparativamente menor, porque sus exportaciones de crudo llegaron a representar más de una tercera parte de los ingresos fiscales y una buena proporción del PIB.

Colombia tiene lo suyo, y su recaudación por producción y exportación de petróleo representa alrededor de 15 por ciento de los ingresos fiscales y cerca de 4 por ciento del PIB. Si bien los precios bajos del petróleo impactarán el ámbito fiscal, le ayudarán a mitigar el golpe los costos de producción, que se cuentan entre los más bajos de la región, al igual que el nivel de producción que creció de manera significativa y sostenible durante la última década y el hecho de que el gobierno nacional haya venido adelantando reformas como aquélla tributaria en pos de mitigar el efecto negativo del desplome de precios del hidrocarburo.

Ecuador no la pasa mejor. Su recaudación por producción de petróleo representa 40 por ciento de sus ingresos fiscales y 13 por ciento del PIB, y en este sentido los impactos de los precios bajos del crudo impactarán de manera significativa en el ámbito fiscal. El gobierno ha sido proactivo para mitigar los impactos fiscales; de hecho ha disminuyó el presupuesto para 2015 y ha incrementado su liquidez de manera significativa a través del crédito con organismos multilaterales y bilaterales como China. Una dificultad adicional que lo diferencia de los otros países de la región es que, al ser una economía basada en el dólar, no tiene la posibilidad de utilizar herramientas de política monetaria para estimular la economía a través, por ejemplo, de menores tasas de interés. El pronóstico es que necesita un precio por barril cercano a 80 dólares para equilibrar su balance fiscal, advierte la Cepal.

Bolivia no exporta petróleo, pero su recaudación por exportación de gas natural representa más de 32 por ciento de sus ingresos fiscales y 10 por ciento del PIB. Dado que sus contratos de exportaciones de gas natural con Argentina y el Brasil están fijados con relación a los precios internacionales de derivados del petróleo, sus ingresos fiscales sufrirán un importante impacto negativo. A corto plazo, puede afrontar este impacto fiscal ya que cuenta con un importante nivel de depósitos y reservas internacionales, aunque las predicciones sobre la duración de los precios bajos del petróleo son mayores al periodo que alcanzarían las reservas internacionales a cubrir la importación de bienes y servicios.

El caso brasilero es un tanto distinto, pues si bien los bajos precios serán negativos para efectos fiscales en el renglón exportador, casi la totalidad de su producción de crudo es para consumo interno.

Las rebanadas del pastel

El peor desastre ambiental de la industria minera del país (Semarnat dixit) goza de cabal salud, y el Grupo México, propiedad del tóxico empresario Germán Larrea, ni lejanamente remedió la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi. Ahora la afectación atenta a la capital del estado: 50 por ciento de los habitantes de Hermosillo consumen agua contaminada con arsénico, informó Reyna Castro Longoria, del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora. La capital de Sonora y los municipios de la cuenca del Río Sonora se contaminaron a causa del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico con 700 toneladas de metales pesados de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, el 6 de agosto de 2014. A pocos meses del percance, la empresa aseguró que las aguas habían sido saneadas y estaban limpias (La Jornada, Cristina Gómez Lima). Las pruebas son contundentes pero, como siempre, la autoridad encubre al consorcio minero.

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